Cuauhtémoc Granados Díaz

Área académica de derecho y jurisprudencia

Cuando la penitenciaría de Santa Martha estaba cumpliendo 50 años, escuché decir a Antonio Sánchez Galindo que ya estaba caducada, rebasada, con una infraestructura desgastada, con drenajes saturados, herrería oxidada, tuberías carcomidas y convertida en un hacinamiento pestilente, y en efecto, quien esto escribe, es testigo de que una cárcel con más de 50 años de edificación es obsoleta, en ella se han cometido una serie de atrocidades como lo refiere su exdirector Gerónimo Miguel Andrés al entrevistar al que se considera el interno más antiguo, don Jorge o don Jorgito, llamado también Chemita, de origen guatemalteco y al Tyson, el primero dijo: “Los presos calculamos que van más de mil muertos, es cuestión de multiplicar las bajas anuales por los 50 años que lleva esta chingadera”.
El segundo interno dijo: “Vi cosas que no tenía que ver, vi a hombres matarse por una pieza de pollo, por un gol que no metían, por mirar a una mujer ajena, le dije a mi familia que ya no viniera a verme, tenía miedo de que la mataran. Nadie sabe cuántos han muerto en 50 años”. Lo anterior sucedió cuando la institución que se comenta cumplió medio siglo; pero en 2017, la penitenciaría llegó a los 60 años con resultados idénticos. A mediados de la década de 1970 al cerrarse Lecumberri se pusieron en marcha los reclusorios preventivos varoniles norte, oriente y sur con las mejores intenciones humanitarias y políticas, con el paso del tiempo han caído en los mismos atavismos que Santa Martha y Lecumberri, hacinamiento, estratificación (reos con privilegios en celdas, custodios y presos a su servicio llamados “padrinos” y los llamados presos “erizos” de extracción miserable que son la gran mayoría de los castigados.
Durante el gobierno del presidente Miguel de la Madrid surgió la idea de edificar centros federales de readaptación social de máxima seguridad, propósito que se vio materializado durante el régimen de Carlos Salinas de Gortari con el Cefereso número uno del Altiplano y poco después con el Cefereso número dos en Puente Grande, Jalisco, aun y cuando desde sus inicios y en la actualidad se dice que cuentan con medidas extremas de seguridad y son monitoreados a través de cámaras de vigilancia desde la capital del país, han tenido evasiones peliculescas y hasta cierto punto risibles, en Puente Grande a mediados de 1990 se evade Joaquín el chapo Guzmán pasando muchas puertas y puntos de revisión a través de un carrito de lavandería, en fecha reciente se vuelve a evadir de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano por un “maxi túnel”, en esa misma prisión fue acribillado en 2004 uno de los narcotraficantes más sanguinarios Miguel Ángel Beltrán Lugo el Ceja Güera y un año después el hermano del evadido Chapo Guzmán y por el mismo sicario Lucio Don Juan Govea, quien para cometer dos homicidios poseía una pistola dentro de la cárcel de “máxima seguridad”, durante la presente administración gubernamental federal suman ya 16 reclusorios federales de máxima seguridad, se espera que los 14 de más reciente construcción en diferentes puntos de la República no sean vulnerados e invadidos por todos los males que se enquistan en toda cárcel y verdaderamente sirvan para enmendar a los criminales. En el presente gobierno del licenciado Peña Nieto se promulga una ambiciosa Ley de Ejecución Penal que pretende resolver muchas situaciones conflictivas en materia de reinserción y del inframundo de la vida carcelaria judicializando la ejecución penal que durante más de un siglo abusara de un discrecionalismo gubernamental corrupto, esperemos que así sea.

Comentarios