Desde hace varias décadas los Estados Unidos han puesto en marcha diversos planes territoriales (comerciales y militares) para contener a sus enemigos y asegurar condiciones de ventaja en el gran tablero mundial.
La Guerra Fría y la amenaza comunista por algún tiempo motivaron las políticas intervencionistas de este país en nuestro continente. Ahora, el combate al narcotráfico, el terrorismo mundial, la migración ilegal, la preservación de la seguridad nacional y la defensa de la democracia hacen parte de los discursos que siguen empleando tanto Donald Trump como sus estrategas para justificar su injerencia en el mundo y echar andar “la economía del miedo”.
La proyección económica, política y militar estadunidense es parte de un proceso de larga duración que se caracterizó por mucho tiempo por equilibrar el uso del poder duro (hard power) y el poder blando (soft power). Sin embargo, la llegada de Donald Trump rompió esa armonía con su estilo militarista de gobernar, que sigue manteniendo en el miedo y la zozobra a la humanidad entera por una posible confrontación bélica con Corea del Norte y sus aliados.
En ese proceso de fortalecimiento de la hegemonía estadunidense, las empresas transnacionales militares ocupan un lugar peculiar debido a que “desbordan” su actividad económica y se insertan en las políticas de seguridad de los estados, ofreciendo servicios de infraestructura bélica y entrenamiento a los ejércitos.
Se trata entonces de actores que se asocian a intereses estratégicos (territoriales o económicos, contrainsurgentes y de control social) de su Estado de origen y se hacen cargo de actividades que tradicionalmente correspondían a los ejércitos regulares (outsourcing).

Entonces, puede indicarse que estamos frente a una privatización de conflictos, donde las empresas militares producen y venden armamentos, pero también ejecutan las guerras debido a que apoyan a los ejércitos con efectivos en el campo de batalla e instalan toda la infraestructura militar de Estados Unidos fuera de su territorio. Irak y Afganistán son testigos de la creciente participación de empresas contratistas en los conflictos.

La geografía militar estadunidense en América Latina

Los EU han incrementado su presencia militar en nuestro continente mediante el Comando Sur, que tiene responsabilidad sobre las bases de Guantánamo (Cuba), Fort Buchanan y Roosevelt Roads (Puerto Rico), Soto Cano (Honduras), Tres Esquinas (Colombia) y Comalapa (El Salvador); y las bases aéreas de Reina Beatriz (Aruba) y Hato Rey (Curazao).

Asimismo, EU maneja una red de 17 radares terrestres: tres fijos en Perú, nueve fijos en Colombia, y el resto móviles y secretos en países andinos y del Caribe.
Toda esa infraestructura militar ha sido instalada con el apoyo de empresas militares contratistas y atienden a diversos intereses: por un lado, la apropiación de recursos estratégicos de los cuales la región es muy vasta (minerales, hidrocarburos y biodiversidad); por otra parte, “controlar” la región que se caracteriza por ser una zona de gran movilidad social y se agrava por el problema del narcotráfico.
Algunos de los intereses que las empresas militares tienen por la región son las reservas de cobre y hierro en Chile y Brasil que de acuerdo a la United States Geological Survey (USGS), Chile cuenta con las mayores reservas de cobre en el mundo que se estiman en 28 por ciento de las reservas globales. Adicionalmente, Brasil tiene la segunda reserva más grande de hierro.
A los latinoamericanos nos corresponde hacer una radiografía real de nuestros recursos estratégicos, a efecto de utilizarlos en procesos de negociación global y evitar la reproducción de esquemas que solo nos colocan como proveedores de materias primas.
Es importante el reconocimiento de los agentes dominantes en nuestros países, porque aunque es el tiempo del miedo, también puede ser el tiempo de la resistencia.

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