¿Quién captura al
Estado mexicano?

Transparencia Internacional ha clasificado a México como el país más corrupto entre quienes integran la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE). Este indicador retrata la debilidad institucional en la que vivimos y es el caldo de cultivo para que la industria criminal se fortalezca y poco a poco vaya asumiendo algunas funciones del Estado.
Bajo esa perspectiva, “el moche y la violencia” ya son parte del lenguaje cotidiano, que instaura formas de relación violentas, normalizadas y autoritarias. Así, tristemente México funciona como un Estado “cojo”, “capturado” y “disciplinado” por el delito y la corrupción de nuestras instituciones. De continuar así, las cargas económicas y sociales de estas distorsiones pesarán por muchas generaciones.

Renta criminal y los costos de la corrupción en México

Según el Índice de Paz México (2016), elaborado por el Institute for Economics and Peace, el costo económico de la violencia en México es de 2.12 billones de pesos (13 por ciento del PIB), sin considerar que 90 por ciento de los delitos no se denuncian, por lo que se infiere que las pérdidas son mucho mayores.
Por otra parte, la ENVE (2013) estimó que la inseguridad y el delito ocasionó que los mexicanos perdiéramos 215.2 mil millones de pesos (1.34 por ciento del PIB), equivalente a 5 mil 953 pesos por persona afectada.
En el tema de la corrupción, la revista Forbes (2017) señala que ese problema le cuesta a México 347 mil millones (9 por ciento del PIB).
Si a los costos de la violencia y la inseguridad le sumamos los de la corrupción, la problemática es francamente insostenible. Cerca de 23 por ciento del PIB corresponde a la renta criminal que obtienen los delincuentes y los funcionarios públicos coludidos en actos de corrupción.

En Hidalgo también
hace aire

La encuesta de la ENVE 2014 indica que para 2013 los costos directos y los costos indirectos derivados del delito en las unidades económicas de Hidalgo es de aproximadamente mil 653.8 millones de pesos y mil 257.7 millones de pesos, respectivamente. Es decir, cada unidad económica hidalguense gastó en promedio en medidas de protección y pérdidas a consecuencia del delito 40 mil 876 pesos anuales, siendo el comercio el sector más afectado.
El 80 por ciento de los hidalguenses considera que el problema más recurrente es la corrupción y la extorsión, indicando que el primero se focaliza en la estructura del Ejecutivo del estado. Aunado a esos delitos, existen indicios de la operación de delincuencia organizada en territorio hidalguense, dedicada al tráfico de drogas, armas y crecientemente al huachicoleo o robo de hidrocarburos. Con una declaratoria de que estos grupos no operan en el Estado no desaparece el problema, se requiere una estrategia de fondo.

¿Cuál es la ruta?

La inseguridad y la corrupción que vive nuestro país obligan a nuestras autoridades a generar esquemas idóneos para el suministro de la seguridad y la procuración de la justicia, que de no hacerlo el problema se agravará al riesgo de desestabilizar otras regiones del territorio nacional.
A nadie conviene un país convulso por la inseguridad y capturado por la corrupción. Por ello, se debe de fortalecer la cultura de la legalidad en todos los niveles. El delito continuará su lógica de crecimiento mientras no se fortalezcan los esquemas de seguridad del país y se sancionen las prácticas de corrupción.
No hay que esperar que la violencia se generalice y llegue hasta la clase política y empresarial de México para lograr acuerdos de fondo para prevenir y controlar el delito.
Se trata de un asunto de política pública integral más que de visiones partidistas o de intereses económicos, porque todos somos víctimas potenciales.
En 2016 México destinó, según la OCDE, 7 por ciento del PIB en educación, ¿cómo competir con 23 por ciento del PIB utilizado por la delincuencia?
El reto es grande, pero es más grande nuestra empeñosa necedad de construir el otro México posible.

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