En comparecencia senadores y diputados exigen su renuncia

Debe asumir su responsabilidad en la muerte de dos ciudadanos

Este martes en sesión conjunta de legisladores en el senado de la República, compareció el secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, quien fue duramente cuestionado y exhibido por su responsabilidad en la injusta muerte de dos ciudadanos del estado de Morelos al caer en un socavón del Paso Exprés de Cuernavaca, provocado por la mala calidad de la obra a causa de la negligencia de las constructoras el pasado 12 de julio; lo anterior demostrado por los peritajes independientes y oficiales de que es una obra de pésima calidad, adjudicada a empresas perseguidas en España por corrupción y evasión de impuestos y además con un costo de más de 2 mil 262 millones de pesos, 130 por ciento más del costo inicial.
Ante las preguntas y cuestionamientos de los legisladores de oposición, respecto a porqué tardaron tanto tiempo en rescatar a los accidentados –quienes como se sabe estuvieron con vida varias horas– a quienes dejaron morir, así como también le exigieron que explicara porqué la familia Mena Romero estaba siendo discriminada en el pago de una indemnización, así como de la intimidación por parte del propio secretario a través de una llamada telefónica, para que aceptaran lo que las empresas responsables de la tragedia les ofrecen, porque de lo contrario se irían a un juicio de hasta 15 años, además de no responder porqué a manera de burla personal de la SCT llevó de obsequio a la familia tres mochilas.
Ruiz Esparza fue incapaz de responder con honestidad una a una de las preguntas sobre la corrupción en esa y muchas otras obras como las de Tonalá, Chiapas, donde se cayó un puente a los pocos días de inaugurada, así como también de los altos costos y deficiencias de la autopista de la carretera Mazatlán-Durango; de la corrupción e ineptitud de sus delegados en diversos estados como en Tabasco; de igual modo fue cuestionado sobre el fallido Tren Bala México-Querétaro y el costo del proyecto; así como también la construcción del Tren México-Toluca que empezó con un costo en 2014 de 21 mil millones de pesos y para este año ya se elevó a 48 mil; todo bateó y todo lo justificó, para el secretario todo está bien, no reconoce ni acepta nada. Demostrando que las comparecencias no sirven en lo absoluto pues no van fondo y su formato es para que salgan ilesos y campantes.
Esta actuación de uno de los alfiles que más dinero y negocios turbios ha hecho desde que fue –también‑ secretario de comunicaciones en el gobierno estatal peñista, carga con un caudal de deficiencias y transas, como la asignación de las carreteras del Circuito Mexiquense y el Arco Norte a OHL, Higa y sus constructoras cómplices –que por cierto sus peajes son los más caros del país‑, los diputados de Morena le señalaron que ya es costumbre el incremento de los costos de todas las obras de esta secretaría, como también le reclamaron que todas las carreteras son inseguras, están en mal estado, que generan más accidentes y muertes como nunca y todo esto forma parte del costo de la corrupción del gobierno peñista.
Esto no es lo único, hoy mismo recobra vigencia las más de ocho denuncias que el representante de la empresa Infraiber, Paulo Díez Gargari, así como el movimiento Ahora del exconsejero del IFE Alfredo Figueroa y Emilio Álvarez Icaza y otros han presentado ante la PGR por el pago indebido que la SCT hizo al gobierno del Estado de México entre 2015 y 2016 de 3 mil 566 millones de pesos como indemnización de un recurso de 50 millones de pesos que el gobierno del Edomex aportó en 1991 para el deslinde del derecho del vía de la carretera Chamapa-Lechería, misma que fue concesionada por 18 años a la constructora Promotora y Administradora de Carreteras, dinero que fue pagado por Banobras el año pasado, siendo aún director del mismo Alfredo del Mazo, antes de irse de candidato del PRI a la gubernatura.
Todo este entramado de corrupción y desvío de fondos fue orquestado en 2010 por el gobierno de Peña Nieto a través de una demanda y negociaciones turbias con el gobierno de Felipe Calderón para hacerse de un recurso multimillonario que no tenía razón de ser, pues en el llamado rescate carretero que inició en 1997 con Ernesto Zedillo, todas las aportaciones de las entidades federativas quedaron como no indemnizables de acuerdo a lo establecido en el decreto del rescate. Sin embargo, a la llegada nuevamente del PRI al gobierno federal este asunto se reactivó y sin permiso de la SHCP y sin partida presupuestal autorizada este dinero fue depositado en la cuenta del SASCAEM, mismos que desaparecieron de inmediato y que seguramente fueron a parar a la campaña electoral del PRI.
Cómo es posible que este país tolere un gobierno antidemocrático organizado para detentar el poder al costo que sea y privilegiar los grandes negocios y corruptelas, que tiene un poder legislativo que no asume su verdadero papel autónomo, que tiene en sus manos la facultad de investigar a fondo y castigar a los responsables de estas muertes y de parar en seco la corrupción y sobre todo la impunidad de la que se mofan estos traidores a la patria como Lozoya y Ruiz Esparza. Ya sabemos que la PGR de Raúl Cervantes no hará nada, pues él mismo fue coordinador jurídico de la campaña de EPN en 2012.
FB: RicardoBaptista
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