Ricardo Raúl Baptista González

Exalcalde de Tula

Estudio de María Amparo Casar
lo confirma

Despojan al erario y venden
el patrimonio

Hace unos días la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que dirige la doctora Casar hizo público dos estudios sobre la conducta de los gobiernos de los estados donde se analiza su conducta en el manejo de los recursos públicos, la transparencia y la rendición de cuentas, donde la mayoría de ellos salen muy mal y enumera la situación de los que están denunciados, en la cárcel o prófugos, así como con los que aún la justicia no actúa por el control que muchos de estos corruptos personajes tienen sobre los congresos locales y el Poder Judicial.
Este análisis de la anatomía de la corrupción incluye a 41 gobernadores de los 63 que fueron electos entre 2000 y 2013, de los cuales solo se han investigado a 16, en la cárcel están ocho, cinco de ellos en México y tres en el extranjero, así como uno se encuentra en libertad bajo fianza y otro prófugo. En su mayoría son emanados del PRI y de sus alianzas con el Partido Verde y el Panal y uno del PAN, cuya característica principal es el desvío de recursos públicos, la vinculación con el narcotráfico, venta de terrenos estatales y lavado de dinero entre otros muchos delitos.
Los quebrantos mayores se dieron en primera instancia en el gobierno de Ernesto Zedillo al perder en 1997 la mayoría en la Cámara de Diputados se vio obligado a ceder más recursos a sus gobernadores y lo peor vino con Vicente Fox, pues en lugar de actuar con energía contra lo corrupción y la impunidad se unió a ella; desperdició los excedentes petroleros de ese entonces que fueron a parar a manos de los ejecutivos estatales, quienes sin reglas claras dispusieron de los recursos como quisieron, ya ni hablar del tema de transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.
Este quebranto a las finanzas públicas continuó con Felipe Calderón y por supuesto con Enrique Peña Nieto, quienes también forman parte de esta trama de corrupción e impunidad, pues el principal interés del PRI y del PAN son los negocios, no la transformación democrática del país y menos aún el bienestar de la mayoría de los mexicanos. El que ahora se les investigue, se les detenga y procese a algunos no los exime de complicidad, solo basta preguntarse ¿por qué los dejaron terminar sus sexenios cuando las denuncias estaban mientras ejercían sus funciones?
Veamos a los que están en la cárcel y el porqué: Veracruz con Javier Duarte de Ochoa fugado y preso en Guatemala, acusado de desvió de recursos públicos, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito, a Flavino Ríos (su sucesor en los últimos días de su mandato) se le detuvo por tráfico de influencias y encubrimiento, no incluyen a Fidel Herrera, ni al actual Miguel Ángel Yunes Linares, quien tiene dos averiguaciones en curso; de Quintana Roo está preso Mario Villanueva Madrid acusado de narcotráfico, primero fugado, después detenido y entregado a Estados Unidos; Roberto Borge también prófugo fue detenido en Panamá acusado de desvío de fondos, venta de terrenos de propiedad estatal y despojo.
De Tamaulipas, Tomas Yarrington acusado de lavado de dinero y nexos con el narcotráfico quien está detenido en Florencia, Italia; Eugenio Hernández perseguido por la DEA acusado de delitos contra la salud y nexos con la delincuencia organizada. De Tabasco, Andrés Granier detenido y juzgado por vínculos con el narcotráfico, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito; de Nuevo León, Rodrigo Medina por desvió de recursos, preso y después liberado continúa su juicio en libertad; de Sonora, el panista Guillermo Padrés detenido en noviembre de 2016 acusado de operaciones con recursos ilícitos y desvió de fondos.
En Chihuahua, César Duarte acusado de desvió de recursos públicos, delincuencia organizada y delitos electorales, prófugo con orden de aprehensión en México y en el extranjero con ficha roja de la Interpol; de Michoacán está preso Jesús Reyna, quien está siendo juzgado por delincuencia organizada, encubrimiento y desvió de recursos –sin olvidar a Fausto Vallejo, quien tiene acusaciones de desvió de fondos y encubrimiento, además de que su hijo fue acusado por nexos con la delincuencia–.
A ese estudio hay que agregar en Coahuila a Humberto y Rubén Moreira, quienes han sido señalados por nexos con el narcotráfico, enriquecimiento ilícito, desapariciones forzadas y fraude electoral. De igual modo hay que ver el gran endeudamiento y bancarrota en la que dejan los estados que han gobernado, por ejemplo: Veracruz con 46 mil millones de pesos, Chihuahua con 43 mil millones y Quintana Roo con 23 mil, tan solo estos tres estados su deuda alcanza la estratosférica suma de 111 mil millones (véase http://expansion.mx/politica/2016/05/08/los-12-gobernadores-salientes-dejan-una-herencia-millonaria-en-deuda), que comparados con la deuda que tenían en 2010, al termino de 2016 creció
en 161 por ciento más… ¡qué poca!
Falta ver qué pasará con las acusaciones contra los gobernadores en funciones de Chiapas y Baja California, quienes han sido denunciados también por desvió de fondos y enriquecimiento además de represores; como también lo está el exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle –el de la ley bala– por lo mismo: enriquecimiento ilícito, desvió de recursos, actos de represión y para colmo ¡de espionaje!… También faltan de ser investigados los gobernadores emanados del PRD de Guerrero y Oaxaca por casi las mismas causas.
Total que casi nadie se salva. Luego entonces, cabría preguntarse ¿esta es la nueva generación de políticos que presumen Peña Nieto y la partidocracia? ¿No sería mejor que no hubiera gobernadores? Como sucede en otros países, donde solo existen dos ámbitos de gobierno: el federal y el municipal.

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