Como pocas administraciones federales, la que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha desenvuelto entre decisiones polémicas como han sido la creación de la Guardia Nacional (GN), aparente respuesta al crimen organizado, la cercana posibilidad de una rifa para terminar con el lastre de un debatido avión presidencial y, otra más, la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), erigido sobre restos todavía humeantes de lo que era el Seguro Popular.

La GN aún no se ha concretado en resultados evidentes. Lastimosamente parte de sus esfuerzos se han concretado en ser muralla de migrantes en tanto hay entidades en donde día a día surgen historias atroces de crímenes. Guanajuato es ejemplo.

Lo de la aeronave ha dado lugar a expresiones de una oposición dolida, aunque se debe aceptar que AMLO ha buscado respuestas prácticas y sobre todo económicas.

En cuanto al Insabi apareció casi de la mano con crítica escasez de medicamentos, acentuados en los muy específicos para tratamiento de cáncer, sobre todo para niños. Y el paso inmediato era obtener la anuencia de gobiernos estatales.

Con los que cobija el PRI tras una débil resistencia, surgió el adherirse; los panistas fueron desde el principio un tanto más renuentes, según se recuerda por expresiones de Martín Orozco, mandatario de Aguascalientes.

Un punto clave eran los límites a la gratuidad del servicio, en sus diversos niveles.

Todavía en días pasados los nueve gobernadores de Acción Nacional parecieron estar de acuerdo con puntos clave del nuevo programa en sus entidades.

Entre esos sobresalían que serían libres para comprar medicamentos, manteniendo la potestad en los servicios de cada una de sus jurisdicciones y eso iría de la mano para asumir el compromiso de ser eficientes en la atención a los pacientes.

Pero el martes pasado, tras reunirse con López Obrador, modificaron su postura.

Estuvieron en contra tras una sola condición: unirse integralmente al Insabi, según lo planteado por AMLO, en pocas palabras, hacerse a un lado.

Unidos, citaron que mantendrán su exigencia de conservar recursos en programas en pro de la salud y al tiempo integrarse en la compra consolidada de fármacos.

Así que no establecieron puntos en común en estos puntos:
No debe olvidarse que López Obrador ha reiterado que para el uno de diciembre de este año los servicios serán óptimos.

La junta se rubricó con una imagen entre los mandatarios y el presidente en donde se advierten sonrisas y bienaventuranzas, pero la gráfica en sí no transmitió lo que realmente ocurrió.

Opinión de un experto

En los últimos días de enero, Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), anunció que se había interpuesto el amparo de revisión 1/2020 para que la unidad de inteligencia financiera (UIF), determine si procede o no descongelar cuentas bancarias de la casa de estudios.

Sería, dijo, el recurso de este tipo a casi un año, que se cumplirá el próximo día 26, de que la UIF inmovilizara acciones crediticias de la institución en el extranjero.

El rector ha sido perseverante en este capítulo. Un poco después, todavía enero, la UAEH le rindió un reconocimiento al abogado penalista Juan Velásquez, uno de los más reconocidos en el país y con una trayectoria profesional de cinco décadas.

El jurista advirtió consecuencias de una reforma al sistema de justicia de México, de lo que se ha hablado en los últimos días. Y, asimismo, emitió un comentario sobre el congelamiento de las cuentas a la universidad.

Mencionó que era una acción absurda que tiene que resolverse a la brevedad “pues no hay motivo para sostener que exista una conducta ilícita”.

Expuso igualmente que la decisión de la UIF cuestionó este movimiento pues universidades públicas enfrentan precarias situaciones económicas, en tanto que la UAEH si cuenta con recursos “debido al talento de quienes la administran”.

Exgobernadores silentes

Como consecuencia de los tiempos políticos que se viven, exgobernadores hidalguenses guardan discreción y poco se manifiestan.

Quizá una actitud más acentuada por la elección en este año de nuevos presidentes municipales en 84 ayuntamientos.

Uno aludido fue Jesús Murillo Karam, por su carácter de exprocurador, en el anterior sexenio, y en el marco de las investigaciones sobre el destino final de normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero.

Según mencionó la comisión que ahora tiene el caso, muy posiblemente se le llamara para conocer aspectos de las pesquisas que en su momento fueron de su competencia.

El realmontense, que el próximo dos de marzo cumplirá años, no se escudó en el silencio, mostrándose anuente a cualquier comparecencia.

Y otro que también fue aludido en medios fue el exmandatario Francisco Olvera.

De hecho, breve la mención. Se supo que fue reciente que dejara el cargo de delegado en funciones del comité directivo del PRI en la Ciudad de México, que asumiera en diciembre de 2017.

Del que más se conoce en sus acciones es a Miguel Osorio Chong, quien encabeza al grupo de 13 senadores del tricolor en el Congreso de la Unión, y es normal que se le entreviste por la calidad de su encargo.

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