Desde que, muy anticipadamente, Enrique Peña Nieto preparaba su candidatura presidencial, hizo uso del espionaje. Escuchó y grabó conversaciones de Manlio Fabio Beltrones, de Jesús Murillo Karam –quien luego fue su procurador general de la República–, Marcelo Ebrard, Andrés Manuel López Obrador, Santiago Creel, Beatriz Paredes, Ricardo Monreal, Sergio Vela y hasta Juan Camilo Mouriño, fallecido a principios de octubre de 2008, lo que revela la data antigua de las prácticas de intervención telefónica del entonces todavía preprecandidato a la presidencia de la República.
El presunto espionaje salió a la luz pública el 13 de junio de 2008, cuando el entonces senador Manlio Fabio Beltrones interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República. El sonorense se sabía espiado. Y no solo él, sino también sus familiares y colaboradores cercanos. La PGR empezó a investigar. Y sus pesquisas le llevaron a encontrar miles de horas de grabaciones ilegales en una casa de Naucalpan, Estado de México, donde se suponía que operaban los espías. Asimismo, los investigadores hallaron versiones estenográficas de los audios y una perfecta sistematización de la información, con síntesis ejecutivas entregadas de manera cotidiana, además de análisis prospectivos.
Peña realiza espionaje político
desde que “gobernó” el Edomex

El 6 de noviembre de 2008, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra Administración de Justicia, que es parte de la PGR, encontró nuevas evidencias de espionaje. En dos casas de seguridad ubicadas en el municipio mexiquense de Naucalpan había más información obtenida de manera ilegal.
Además de los políticos arriba mencionados, también habían sido investigadas Angélica Rivera, entonces novia de Peña Nieto, y Mariagna Pratts, entonces esposa de Marcelo Ebrard.
Se puso en evidencia, entonces, que en el Estado de México había una fachada perfecta para ocultar el financiamiento de actividades ilegales, entre ellas el espionaje. El mecanismo involucraba a una dependencia del gobierno encabezado a la sazón por EPN, llamada Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem). Esta era la encargada de pagar los servicios de espionaje que ofrecía la empresa Seguridad Privada Inteligente, Proveedora de Soluciones.
Los Cusaem son una dependencia policial del gobierno del Estado de México, pero nunca tuvieron una asignación presupuestal por parte del gobierno. Y este organismo vive de vender servicios públicos de seguridad, o protección policiaca, si se le quiere ver así, a quien pueda pagar. De esta manera, cuando conviene, los Cusaem son una compañía privada. Si no, son una entidad pública. ¿Espionaje oficial?, argüirían, para nada: es una empresa privada.

Gobierno federal financió a estados
los equipos de espionaje táctico

El de Peñita en la entidad mexiquense no fue ni es el único gobierno estatal que espía. Para ello, los llamados mandatarios estatales hacen uso de los dos tipos de espionaje telefónico que existen: los equipos llamados tácticos, y los remotos.
El táctico consiste en un equipo móvil, el cual debe estar en proximidad de los usuarios que serán blanco de la intrusión ilegal. Más o menos a 500 metros del objetivo. Para ello utilizan un dispositivo que actúa como estación base de transmisión y recepción o base transceiver stations (BTS), es decir, un dispositivo que “simula” la operación de una torre de transmisión celular, ampliamente utilizados en México, desde 2008, precisamente, por decenas de “clientes”, entre los que se encuentran gobiernos estatales, dependencias federales y un buen número de “usuarios privados”.
Los principales proveedores de estos equipos tácticos han sido Smith Myers, quien se convirtió en el proveedor favorito de Genaro García Luna en la extinta Secretaría de Seguridad Pública, y Verint, ya sea a través de su propia marca o con modificaciones específicas para terceros.
Muchos de ellos fueron financiados con recursos federales para gobiernos estatales, aunque muchos más se adquirieron con recursos del erario de las entidades e, incluso, de gobiernos municipales.

Contraespionaje de los grupos
de la delincuencia organizada

Conocedores del tema señalan que muchos de esos equipos terminaron operando fuera de los ámbitos gubernamentales, con fines distintos a los originalmente autorizados.
¿Cuánto cuestan? ¿Por qué es necesario que, muchas veces, el gobierno federal financie a los estatales? Hay de todo y para todos. Desde 40 mil dólares… hasta un millón y medio de billetes verdes, dependiendo 1) del número de canales o llamadas simultáneas a las que puedan acceder, 2) la capacidad para “dar vuelta” al sistema de codificación Kasumi, que es la base de seguridad de los sistemas telefónicos, a partir de la tercera generación 3G, y 3) la potencia para poder conectarse con los dispositivos móviles a intervenir.

Comentarios