No había mucha información respecto al convenio que signaron el gobierno de Morelos y la cooperativa Cruz Azul, cuyo objetivo es aprovechar toneladas de residuos de esa entidad para incinerarlos en los hornos de la cementera y así obtener combustible para su producción. La información provenía principalmente de la denominada Alianza Global para Alternativas a la Incineración, que a través de representantes en la entidad, había denunciado que Morelos enviaría residuos urbanos para que fueran aprovechados por la empresa ubicada en Tula. Solo se sabía la postura de una parte: la de quienes advertían sobre los daños que tal proceso provocaría en la salud de habitantes de la región Tula-Tepeji. No se sabía el argumento del gobierno de Morelos. Por eso, al enterarnos que vendría el jefe del Ejecutivo de esa entidad Graco Ramírez, este diario se dio a la tarea de buscarlo para conocer su versión respecto a ese problema. Como era de esperarse, el gobernador de extracción perredista defendió el convenio que firmó con Cruz Azul. Reveló que los residuos no se envían sin que exista un tratamiento previo a través de “plantas de valorización”. En ellas, explicó Ramírez, se separan aquellos desechos que no pueden utilizarse y que son peligrosos y luego se envían solo los necesarios para producir combustible a partir de la incineración a altas temperaturas. Desde luego, ese tema requiere una investigación más profunda para saber si realmente el proceso que lleva Cruz Azul con residuos urbanos de Morelos es inocuo. Pero, de entrada, es necesario que esos temas se expliquen con amplitud, pues de lo contrario la población se informa con lo que tiene a la mano: rumorología, que es por cierto capitalizada generalmente por organizaciones que lucran políticamente con el miedo de la población. Los desechos existen y no van a desaparecer. Deben recibir un tratamiento que les permita tener un reúso o una disposición final conforme a la norma ambiental pertinente. Cerrar los ojos a un problema que existe no nos lleva a ningún lado. Pero tampoco sirve no informar sobre lo que pasa a la población. De filón. Pese a que exista presión social, el Tribunal Electoral de Hidalgo debe resolver las impugnaciones de la pasada elección únicamente conforme a lo que establece la ley. Ceder al escándalo y a las amenazas de la población resultaría en una espiral en la que vencería el más fuerte, es decir, se abriría la puerta a la ley de la selva.

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