En días pasados se generó una gran inconformidad y molestia en los integrantes de la Policía federal por los procedimientos que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana implementó para incorporar a militares y civiles a la Guardia Nacional (GN). Apoderándose de las instalaciones del centro de mando de la Policía federal (Contel), bloqueando algunas calles y carreteras de forma pacífica y desarmada. Este conflicto laboral surge por la desinformación del futuro laboral y de seguridad social que los policías federales tendrán al migrar hacia la Guardia Nacional.

Según algunos policías entrevistados, manifestaron su descontento porque no les informaron cuál será su futuro laboral o por ser evaluados por militares quienes al identificar en los policías tatuajes, sobrepeso o medir menos, los califican como no aptos para darlos de alta en la Guardia Nacional; otra inconformidad fue que los militares y marinos no presentan evaluaciones y los integran directamente a la corporación, una más fue que al acudir los policías a los cursos de inducción de la Guardia Nacional les cobraban sus alimentos a 50 pesos, además de dormir en colchonetas o en cartones en el suelo, mientras que los militares tenían dormitorios dignos.

Es muy claro que la Guardia Nacional es una corporación cuya estructura y jerarquía es de carácter militar, no así la Policía federal, cuyo modelo es de corte civil; lo que ha generado un problema complejo al tratar de unificarlos. Para la Policía federal le es muy difícil actuar en una lógica militar. Los sueldos, los rangos, los ascensos, la antigüedad y demás prestaciones son temas que deberán quedar muy claros. Así como la aceptación del modelo policial de corte militar.

El 30 de junio, López Obrador puso en marcha la Guardia Nacional, aunque informalmente desde mayo ha estado trabajando en nuestra frontera sur, en la contención de los flujos migratorios. De acuerdo con el documento “Estructura orgánica de la Guardia Nacional” para finales del presente año esta corporación contará con 82 mil 747 elementos (de los cuales supuestamente serán casi 18 mil policías federales los que participarán) en 150 coordinaciones regionales donde por ejemplo el Estado de México contará con 32, Jalisco ocho, Ciudad de México seis, Hidalgo cuatro, Tlaxcala, Aguascalientes y Colima una cada entidad. En 2021 existirán 266 coordinaciones (32 en el Estado de México, 18 en Veracruz, 16 en la Ciudad de México, 15 en Jalisco y Oaxaca, y las restantes en 27 estados más) y el estado de fuerza llegará a 111 mil 577 elementos. Hasta el momento no se conoce cuál es su programa de trabajo, pero ya empezaron a operar en toda la República.

Para Eduardo Guerrero (experto en seguridad) llama la atención que no se haya dado a conocer el criterio de despliegue, pues a quienes les asignaron más coordinaciones son a las zonas urbanas donde existen instituciones policiales más competentes que en el ámbito rural y justamente ahí es donde está operando la delincuencia organizada.

Con esa manifestación de la Policía federal, las autoridades responsables de la Guardia Nacional harán una reingeniería en la organización de este proyecto. Lo que sí podemos señalar que dicho movimiento se puede calificar como inédito, pues nunca antes los policías federales se habían rebelado contra las autoridades por el maltrato, las humillaciones, la desinformación de su futuro laboral y de seguridad social ante la inminente desaparición de su corporación (Policía federal), como lo estable la ley.

Lo trascendente de este movimiento es que la credibilidad de las autoridades responsables quedó en entre dicho y deberán de cumplir cabalmente a lo que se comprometan en las mesas de diálogo, con los policías, quienes muchos de ellos tienen estudios de licenciatura, maestría y doctorado. Para otras policías de otros municipios y estados este movimiento puede ser tomado como ejemplo para exigir que se respeten sus derechos.

Interesante, ¿no les parece?

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