Los spots de los candidatos y partidos políticos ocupan solo de dos a tres minutos por cada hora en cada una de las estaciones de radio y televisión. No es tanto tiempo si se compara con otros anuncios comerciales de productos milagro, medicinas o comida chatarra, que se transmiten en más ocasiones en el mismo lapso, pero desde la reforma electoral de 2007 muchos nos hemos sumado a la crítica de que son demasiados spots y que se trata de un bombardeo propagandístico que harta a la ciudadanía.
Por supuesto, la industria de radio y televisión comparte la misma opinión y no desaprovecha ninguna oportunidad para cuestionar ese modelo de comunicación política. Lo hace para ser empático con radioescuchas y televidentes molestos, pero también por un interés económico específico: acabar con la transmisión gratuita de esos spots y volver al esquema de compra y venta de espacios propagandísticos con cargo al erario. Hay varias iniciativas en el Congreso que buscan ese propósito y no han prosperado, por fortuna, pero el tema sigue en la agenda.
Efectivamente, la transmisión de dichos spots no cuesta a los partidos políticos y candidatos, a diferencia de lo que sucedía antes de 2007. Tampoco es un regalo de los concesionarios de radio y televisión, como se ha pretendido hacer creer. Es una obligación legal ceder esos espacios al Estado como parte de las contraprestaciones por el uso y explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico, que es un bien de la nación.
Los 48 minutos diarios por cada estación de radio y televisión que son utilizados por los candidatos, los partidos políticos y autoridades electorales corresponden a la suma de dos tiempos: los 30 minutos previstos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 (que ya estaban en la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960) y los 18 minutos de los llamados tiempos fiscales, que son un pago en especie por la explotación de concesiones otorgadas por el Estado.
Ese pago fiscal nació por un decreto del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en 1969. Entonces era del 12.5 por ciento del tiempo por cada estación de radio y televisión, lo que equivalía a tres horas por día. El presidente Vicente Fox, bajo un argumento falaz, modificó ese decreto en 2012 (el llamado “decretazo”) y redujo sustancialmente esos tiempos para quedar en 1.25 por ciento para la televisión y 2.50 por ciento para la radio, para su transmisión en un horario de seis a 24 horas. El 1.25 por ciento corresponde a los 18 minutos ya mencionados. En el caso de la televisión se utiliza todo el tiempo disponible en el proceso electoral. De la radio es el 74 por ciento.
Ambos tiempos fueron incorporados en la Constitución desde 2007 para uso de los partidos políticos, candidatos y autoridades electorales durante los procesos y un 12 por ciento en tiempos de normalidad, es decir, fuera de los períodos de precampañas, intercampañas y campañas electorales federales. Paralelamente, se prohibió la compra o adquisición de tiempos con fines electorales, lo que irritó a un sector de la industria porque a su parecer limitó la libertad de expresión. Una de las expresiones más representativas de ese episodio de enojo se presentó cuando afamados conductores de noticiarios, convocados por sus jefes, asistieron al Senado para reclamar de viva voz los alcances de la reforma electoral.
Como se dijo, aparentemente son muchos spots, pero se ha concluido que en la elección de 2006 se transmitieron incluso más, igual o mucho más malos que los actuales. Pero entonces no había tantas quejas. Quizás sí de la ciudadanía, pero no de empresarios de los medios electrónicos porque los partidos políticos y los particulares eran excelentes clientes durante los procesos electorales, como lo es ahora el gobierno (en sus diferentes niveles, federal, estatal, municipal) con su presupuesto multimillonario en publicidad gubernamental.

Gana la democracia y el periodismo

A través de los spots, los partidos políticos y candidatos ejercen también un derecho para dar a conocer sus plataformas políticas y proyectos de nación. Con los tiempos que se auto-otorgaron desde 2007 disminuyó el dispendio de recursos a radio y televisión durante las elecciones, se buscó evitar conflictos de interés con los medios de comunicación y se ha procurado fomentar un periodismo más plural o menos comprometido con quien pagaba las facturas por la transmisión de spots.
Con las reglas de hace más de 10 años ganó la democracia y el periodismo, pero no fue un cambio perfecto.

Al privilegiarse el spot de 30 segundos como pieza clave de las estrategias de comunicación durante las campañas políticas, se diluyó o se fragmentó el discurso político, se privilegió la imagen y el manejo de emociones, y se facilitó la polarización del debate con hechos falsos o información parcial o incompleta.
Independientemente de esas variables, hay muchas personas que ante todo se molestan por la repetición de los spots y la poca creatividad en su producción. Por la fórmula de distribución a cada partido político, hay spots que se comparten y por lo mismo se repiten uno pegado al otro. Al cambiarle de estación sucede lo mismo. No es un descuido del INE ni mucho menos de los concesionarios, sino de los partidos políticos que producen pocos mensajes y sin consideraciones a los mismos electores.
Si los spots hartan, es porque los partidos políticos no los han aprovechado con eficiencia e ingenio. Ante eso, se fortalece la propuesta de utilizar los tiempos no solo para spots, sino también para debates u otro tipo de programas de mayor duración. La pregunta es si se logrará un efecto contrario al de la spotiza.
De igual manera, habría que revisar la distribución de spots a cada partido político. Durante las campañas, 41 minutos se asignan a partidos políticos y, en menor medida, a candidatos independientes; los siete minutos restantes son para las autoridades electorales. Los 41 minutos se distribuyen en un 70 por ciento de manera proporcional (con base en los votos obtenidos en la última elección para la Cámara de Diputados) y un 30 por ciento de manera equitativa.
Con esa fórmula, el PRI transmitirá 5 millones 774 mil 16 spots y el PAN 4 millones 349 mil 178 spots, cada uno durante los tres meses de campañas políticas en 3 mil 111 emisoras. Si se suman los que corresponden a todos los partidos políticos, serán 22 millones 959 mil 180 spots que se difundirán en el mismo período. ¿Cuántos de esos spots se habrán producido?, muy pocos. ¿Cuántas veces reproducido?, miles… o millones de veces. Ese es el problema. La repetición, la saturación es contraproducente, ya que genera rechazo político en lugar de aceptación y consenso. También daña más la imagen de los partidos políticos y del sistema electoral. Si se agrega la crítica dicho modelo de comunicación, en no pocos espacios informativos, el impacto es mayor.
Los spots político-electorales llegaron para quedarse, pero deben cambiar en beneficio de la democracia.

También la publicidad gubernamental

Lo mismo debe ocurrir con la publicidad gubernamental. Hay un mandato de la Suprema Corte para regularla a más tardar el 30 de abril. El objetivo es que la asignación de recursos se haga bajo criterios de equidad, transparencia y rendición de cuentas, sin privilegiar a determinados medios de comunicación, ni establecer condiciones para coberturas periodísticas a modo, pero hay intereses poderosos, políticos y económicos que se oponen a una reforma de esa naturaleza y que aprovechan el clima electoral para legislar a modo (como sucedió con la “ley Televisa” en 2006).
Por eso, medios de comunicación, organizaciones, como Artículo 19, y periodistas lanzaron ayer una alerta para evitar que se apruebe el predictamen de una iniciativa del PRI, del Partido Verde y Nueva Alianza que en síntesis no revierte las malas prácticas del uso de la publicidad oficial. “Este documento –dice el comunicado– no atiende los problemas que supone la publicidad oficial como ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales, la asignación discrecional de recursos públicos millonarios, su utilización para fines proselitistas y electoreros, entre otros”.

@telecomymedios

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