La elección del nuevo presidente de la Cámara Nacional de Comercio provocó una auténtica guerra judicial entre quienes contienden por el cargo. El principal tirador es Juan Pérez Góngora, vicepresidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco), quien este lunes presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por supuestas irregularidades en torno al proyecto Tabletas Concanaco. En ese proceso están involucrados el propio presidente de la Concanaco Enrique Solana y varios miembros de su equipo, entre ellos el empresario hidalguense Juan Martínez Domínguez. La acusación presume que fueron mal utilizados 87 millones de pesos aportados por el Instituto Nacional del Emprendedor. El argumento de Pérez Góngora es que hubo un sobreprecio de 51 millones de pesos en la compra de las tabletas. Según Pérez, el costo real de las tabletas fue de 35 millones 955 mil pesos, mientras que el programa erogó 87 millones de pesos; es decir, agregó, las tabletas se vendieron a un precio unitario de 5 mil 800 pesos, cuando el precio de mercado era de 2 mil 397 pesos. Esto sería un presunto caso de corrupción más en el país, pero también tiene otro ingrediente: el incentivo político, puesto que, en el marco de todo este conflicto judicial, se encuentra la elección del nuevo presidente de la Concanaco, donde contienden el propio Pérez Góngora y Ricardo Navarro, extesorero de esa organización y quien es ubicado como el delfín del actual presidente, Enrique Solana. Y entretanto, Carlos Martínez también denunció a Pérez Góngora por daño moral. Una auténtica guerra judicial. De filón. El gobierno estatal analiza la construcción de un nuevo centro de reinserción social (Cereso). El problema está, según dijo anteriormente el gobernador Omar Fayad, en la disyuntiva: ¿invertimos en infraestructura carcelaria o mejor en nuevos proyectos productivos para la entidad?

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