Habemus consulta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió hacerle la tarea al presidente. Atentos a la petición que López Obrador les hizo desde la mañanera, seis de los 11 ministros del más alto tribunal de la nación dejaron claro de qué lado masca la iguana. Nadie está, ni puede estar, en contra de que se juzgue a los expresidentes si cometieron algún delito por el simple hecho de que dicha decisión no depende de la voluntad de nadie, da igual si es uno o 10 millones, si ese uno es el presidente o si esos 10 millones son personas buenas o malas.

La consulta, tal como la avaló la Corte, es un acto político. No será, como lo dijo el ministro presidente de la Corte Arturo Zaldivar, vinculante, ni obligatorio para las fiscalías. ¿Entonces para qué sirve? Para linchar política y mediáticamente a los expresidentes, pero no es cierto que pagarán por lo que hayan hecho mal, para que eso suceda lo que se necesita es una buena investigación de la Fiscalía, y si eso no se hace la consulta es judicialmente inútil.

La Corte decidió, pues, entregarle en bandeja al presidente una consulta para contribuir a eso que él llama la moralización de la vida pública. No solo le aprobaron una consulta que sirve a los intereses del partido en el poder, sino que le hicieron la tarea de redactarle una pregunta que sí pasará el filtro en lugar de simplemente regresarle la que había mandado por inconstitucional. Es decir, la Corte se abrogó tareas que no le corresponden, como emendar los errores del solicitante de una consulta, pero cambiaron una pregunta improcedente (de otra manera no la habrían modificado) por una que es incomprensible y jurídicamente intrascendente. La cito textual: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

De entrada, ya no se trata de un juicio a expresidentes, sino a los actores políticos, así en general. Pero la redacción es tan mala que lo que plantea es hacer un proceso para esclarecer las decisiones políticas, no lo delitos cometidos. Finalmente, preguntar si “estás de acuerdo o no” permite más de una respuesta, porque yo puedo contestar que no estoy de acuerdo pero que sí se haga, o al revés. Una pregunta así solo causará confusión (quizá deberíamos hacer una consulta para preguntar si los miembros de la Corte deben pasar una examen de redacción antes de ser nombrados, pero eso lo dejamos para otro momento).

Me encantaría ver a Felipe Calderón en un juzgado explicando por qué nombró a García Luna y qué sabía de sus actos y acuerdo con el crimen organizado, o a Peña Nieto dando cuentas de su patrimonio y explicando los sobreprecios de las obras, pero eso no va a suceder, simple y sencillamente porque nadie los está investigando. En síntesis, lo que hizo la Corte no fue un acto jurídico sino burdamente político. Habemus consulta, pero me temo que hemos perdimos a la Corte.

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