Prácticamente tenemos ya definida a la primera persona que presidirá la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción en Hidalgo y, adivinó usted, será un exfuncionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH). Apenas en septiembre de 2016 el virtual fiscal anticorrupción, Ricardo González Baños, fue nombrado subprocurador de procedimientos penales región poniente de la PGJEH. Esto no tendría relevancia alguna excepto que el cargo que ocupará González Baños, después de ser palomeado hoy por los diputados locales, tiene como misión principal vigilar que no se cometan actos de corrupción al interior de las instituciones, entre ellas, por supuesto, la administración del Poder Ejecutivo estatal. Es decir, González Baños tendrá como una de sus prioridades detectar e investigar casos de corrupción que podrían tener como origen la oficina del gobernador. Esto es, González Baños deberá revisar y sancionar, en su caso, el proceder de su exjefe, el actual gobernador. Esta relación, que antes fue de subordinación, hoy tendrá que ser de pares, lo cual difícilmente, según dicta el sentido común, ocurrirá. De esa forma, la fiscalía anticorrupción, que sería el primer intento por tener un antídoto contra esa lacra que carcome a las instituciones, quedó en una buena intención. Esta fiscalía será un caso similar a lo que sucede con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), cuyas resoluciones fueron de más a menos y que cada vez luce más desdibujada respecto a su misión. Simulación es una palabra que puede perfectamente definir la creación de esta primera fiscalía anticorrupción en Hidalgo. De filón. Y precisamente la fiscalía anticorrupción tendría que ser una institución que impida casos como el de Valorsum, empresa que pretende instalarse en Tepojaco, Tizayuca, para tratar residuos sólidos urbanos y que tiene como socio a Ernesto del Blanco, quien coincidentemente, fue contratista durante el gobierno de Francisco Olvera cuando obtuvo 25 contratos de obra pública.

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