Ya en los últimos días de noviembre pasado el presidente del Patronato Universitario Gerardo Sosa Castelán advirtió que de no resolver pronto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo relativo a las cuentas congeladas a la UAEH, está en riesgo el pago a jubilados de la institución.

Recordó que hace 30 años se creó el Fondo de Jubilaciones, en las que aportan maestros y administrativos, la casa de estudios y el gobierno federal.

Previo, dijo, se obtuvieron recursos extraordinarios, inicialmente por 100 millones de pesos, posteriormente 300 y que con los intereses generados se han logrado algo más de mil 500 millones.

Textual manifestó: “Les adelanto a las compañeras y compañeros jubilados que no vamos a tener dinero si no hay una pronta solución”.

Han pasado casi nueve meses, en que la UIF inopinadamente congeló las cuentas.

Más adelante, el 4 de diciembre, el rector Adolfo Pontigo, declaró: “Somos una universidad sin deudas que no ha estado involucrada en la “Estafa maestra”.

Esto ocurrió durante la reunión conjunta para la recepción de los estados financieros auditados entregados por responsables de las instituciones de educación superior públicas estatales en la Cámara de Diputados.

Pontigo Loyola, quien es presidente del consejo de la región centro sur de la Asociación Nacional de Universidades e instituciones de Educación Superior (ANUIES) ratificó, como ya lo había declarado en otras ocasiones “que la transparencia y rendición de cuentas han sido entregadas puntualmente y detallada a la sociedad que ha demostrado desde antaño su confianza y reconocimiento”.

Precisó una vez más: “La Universidad no tiene deudas y no ha estado involucrada en la ‘Estafa maestra’, lo que, estimamos no es más que una desafortunada confusión”.

Dos diputadas federales fueron concluyentes.

Lidia García Anaya manifestó que los estados financieros y logros de cada una de las universidades son “valiosos insumos”, aludiendo a la fiscalización como un control para frenar las malas administraciones.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de la Unión Marivel Solís Barrera puntualizó que cuando son conocidos los procesos que se viven dentro de las universidades, como legisladores pueden defender e impulsar fuertemente la educación.

Omisión en parquímetros

No dejó de sorprender que la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Hidalgo clausurara parquímetros ubicados en el primer cuadro de Pachuca.

La causa, se explicó, es que los precios sobre el cobro de multas no estaban exhibidos a la vista de los usuarios.

El problema fue acreditado a la empresa Comunipark, tras inconformidades de consumidores.

Se entiende que el problema ya fue solucionado y que era ajeno al ayuntamiento de la Bella Airosa.

Y sobre el tema que incluye a Pachuca, la alcaldesa Yolanda Tellería reiteró a través de una iniciativa que el municipio tenga una participación en la administración de bienes y servicios de entidades paraestatales, de las que hasta ahora están a cargo del gobierno estatal.

Yoli Tellería no ha cejado en la necesidad de incorporar esta reforma, y como un ejemplo cita recurrentemente a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim).

La propuesta fue avalada por mayoría de integrantes del ayuntamiento, destacando que será turnada al Congreso del estado.

UPT contra acoso

“No vamos a tolerar ningún caso de acoso y como siempre se respetarán los derechos humanos de todos. Se busca que cada integrante de la institución se sienta seguro y cómodo dentro de la casa de estudios”, dijo el rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) Arturo Gil Borja.

Destacado abogado, siempre de intachable conducta, hizo un alto en su actividad profesional y ya hace tres años asumió el encargo en la UPT.

Ha expresado que desde el principio ha dedicado tiempo completo para incentivar la calidad académica del plantel.

Una, no menos importante, es salvaguardar a estudiantes y docentes, que lo llevó a poner en marcha el Protocolo para prevenir, atender y sancionar casos de acoso y hostigamiento sexual, fundamentado en ejes de atención y formación.

Esta acción incluye la ubicación de módulos itinerantes, buzones en las instalaciones de la universidad y un buzón virtual en la página web con el fin de que personal y alumnos puedan denunciar o exponer quejas sobre posibles casos de violencia.
El protocolo, mencionó Gil Borja, se encuentra normado en el marco jurídico nacional para promover un ambiente de respeto dentro y fuera de la comunidad universitaria para tener una cultura de paz e inclusión.

Muy oportuna, desde luego, su decisión, previendo lo que pudieran ser hechos desagradables.

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