Transcurrieron 10 años desde aquel vergonzoso episodio para la procuración de justicia nacional: 69 expolicías de Pachuca fueron encarcelados indebidamente por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Una década después las heridas siguen abiertas. Corrían los tiempos en los que el gobierno de Felipe Calderón jugaba a las guerritas contra el crimen, coludido con estados y municipios; impunemente acabó con la tranquilidad de miles de familias. Los expolicías fueron posteriormente liberados por falta de pruebas, pero su honor sigue manchado por la torpe estrategia que emprendió el calderonato. Enfermos, algunos sin familia ni empleo, esperan la reparación del daño que les pueda ofrecer la cuarta transformación. Recientemente acudieron con el diputado local y coordinador del grupo legislativo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Ricardo Baptista González, para solicitar su apoyo para que el gobierno federal les ayude a limpiar su imagen y reputación. Hoy no pueden emplearse en Hidalgo por tener antecedentes penales a pesar de que fueron eximidos de las imputaciones que en su momento les hizo la Secretaría de Seguridad Pública, en ese entonces a cargo de Genaro García Luna, hoy cómodamente exiliado del país. Se cansaron de tocar puertas. El gobierno de Omar Fayad se limitó a ofrecerles asesoría jurídica. Durante la administración del exalcalde de Pachuca Eleazar García Sánchez fueron finiquitados con la pírrica cantidad de 24 mil pesos, supuestamente como apoyo para autoemplearse. De las omisiones mostradas tanto en lo jurídico como en lo moralmente político por parte de quienes gobernaron el estado en los últimos dos sexenios, ni hablar. En marzo pasado, a tres años de la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, a manos de policías municipales, los gobiernos federal y estatal se disculparon públicamente con los familiares de las víctimas. Apenas en junio de este año, los tres órdenes de gobiernos ofrecieron una disculpa por la masacre en Allende, Piedras Negras y la región norte de Coahuila, donde en marzo de 2011 alrededor de 300 personas fueron asesinadas o desaparecidas por Los Zetas en complicidad con las autoridades en turno. Asimismo, en septiembre de 2019, en representación del Estado mexicano, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero ofreció otra disculpa pública, ahora a Martha Camacho Loaiza, quien fue torturada por militares durante el periodo conocido como la guerra sucia. Y así, desde hace un año, el gobierno lopezobradorista ha ido de disculpa en disculpa, paliando las heridas que dejaron los errores del pasado. Ciertamente el sexenio sería insuficiente para ello, pero alguien tiene que resarcir la honorabilidad mancillada de miles de mexicanos. De filón. Todo listo para la discusión y aprobación del presupuesto estatal 2020. Con diciembre en pleno, se avecinan días calientitos.

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