Definitivamente necesitamos otra concepción del poder por parte de quienes lo ejercen y también de un importante porcentaje de la población. Los funcionarios –quizás eso sea pedirle peras al olmo– deberían concebirse como lo marca la ley: servidores de quienes les dieron la tarea de gobernar, administrar los recursos propiedad de la nación y generar la concordia entre los ciudadanos; hacer que sus discursos y sus hechos coincidan, es decir, ser consecuentes entre el decir y el hacer. Por parte de la población, sobre todo de aquellas personas que tienen la idea de que el funcionario que llegó a la cúspide del poder prácticamente se vuelve intocable y hay que amainar el plumaje ante el uso y el abuso en el que puede caer, esa idea, en alguna medida, contribuye a que muchos funcionarios no solo abusen para su beneficio personal y en detrimento de la población, sino que además sean los primeros en violar las leyes que nos rigen y en volverlas demasiado laxas cuando sus intereses o patrones lo requieren, así como exageradamente duras cuando de “castigar” a quienes consideran sus enemigos políticos. O sea, se abusa del poder. La justicia en México no es ciega, mira muy bien a quiénes “aplicar la ley” y con quiénes fingir que no se ve que se quebranta.

Hoy, como lo hemos visto y lo están sufriendo miles de mexicanos, se ha decidido casi de manera unipersonal –aunque se haya corrido la “atención” y aprobación de la mayoría de los diputados, por así convenir a sus intereses de partido– dañar la economía y trabajo quizás de millones de mexicanos, aplicando los recursos públicos en “apoyos monetarios” como becas para un sector de la población fundamentalmente joven, a quienes la sociedad les ha negado el derecho a la educación y al trabajo, o bien, para estudiantes de nivel medio superior y superior que están o estarán en uno o dos años más en edad de votar; estudiantes que, por cierto, a pesar de tantas promesas y tantos discursos, en muchos casos ni siquiera han sido censados. Por un lado, las promesas de apoyo, y por otro, eso sí, ya hecho efectivo, miles de niños y sus madres que se han quedado sin las estancias infantiles, otros sin los comedores comunitarios, sin el medicamento necesario para tratar graves enfermedades, con el argumento, sin comprobar, de la “corrupción”. Ahora tenemos a miles de mexicanos que, de un momento a otro, se vieron en las filas de los desempleados en aras de la “austeridad”. Una “austeridad” que ha traído, entre otras consecuencias, prácticamente una parálisis gubernamental en muchas dependencias, porque simplemente no saben qué hacer. Además, suprimieron el presupuesto que estaba destinado a los municipios para la realización de obra pública en sus respectivas localidades, etcétera. Lo que aquí enumero, a esos hechos, yo le llamo abuso de poder.

En fin, la concepción del poder que tienen prácticamente todos los gobernantes es contraria a la que se describe en las leyes mexicanas. Y es en esas leyes, que nos rigen a todos los mexicanos, en las que nos cobijamos los antorchistas para reclamar atención y solución a miles de hidalguenses, y un alto a la represión instaurada por la actual administración en Hidalgo. Con dichas leyes le recordamos a la ciudadanía y a los gobernantes que los recursos son públicos, del pueblo y en él deben aplicarse. Si el señor gobernador tiene como meta aniquilar el antorchismo hidalguense y tener así una “carta de presentación” con los poderosos o jefes de su clase, le recordamos que ya otros gobernadores lo han intentado y han fracasado en el intento, pues Antorcha es como Anteo, a cada golpe y caída se levanta con mayor fuerza; a Anteo la fuerza se la daba Gea, la madre tierra, a Antorcha el pueblo organizado, unido y consciente.

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