En Tulancingo, durante la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Regional (Coplader), el secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar se refirió a las últimas cifras en cuanto a incidencia delictiva en el estado, que colocan a Hidalgo en una situación (lugar 11 a nivel nacional en delitos del fuero común), si no apremiante, sí de foco amarillo tirándole a rojo. El responsable de la política interior en el estado reveló que, pese a que el gobierno ha pedido la presencia de elementos de la Marina Armada de México y del Ejército en el pasado reciente, la respuesta institucional ha sido que la inseguridad en Hidalgo no amerita la presencia de soldados. Lo mismo ocurrió con la Policía federal que, si bien ha enviado elementos de la Gendarmería a territorio estatal, ha sido de manera esporádica. De acuerdo con las revelaciones de Vargas, las instituciones federales ven a Hidalgo como un estado con relativa tranquilidad, cuya situación no se compara con otras entidades donde sí se han enviado tropas por largos periodos de tiempo, como ha ocurrido en Michoacán o Guerrero. Si se lee entre líneas, el gobierno federal, el Ejército y la Marina le han dicho tácitamente al gobierno estatal que debe hacerse cargo de sus problemas de inseguridad. ¿Hacen bien en dejar a Hidalgo que se rasque con sus propias uñas? En parte sí, pero en delitos como el popular huachicoleo, sí tiene que haber participación federal porque se trata de un ilícito que corresponde a ese nivel de gobierno. Pero respecto a los delitos del fuero común, que son los que han crecido estos últimos dos años, el gobierno encabezado por Omar Fayad no tiene para dónde hacerse. De filón. En Hidalgo un compromiso no cumplido ha sido el de incrementar la cobertura de tratamiento de aguas residuales que apenas alcanza 26.16 por ciento. La cifra no solo refleja un rezago en el saneamiento de nuestras aguas residuales, sino también denota que existe un grave problema de subutilización de la infraestructura disponible, ya que apenas funciona poco más de la mitad de las 158 plantas de tratamiento con que cuenta la entidad. Absurdo, pero cierto.

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