Por su sistema de gobierno y por su propia naturaleza, en nuestro país vivimos distintas realidades en cada región. En materia de leyes ocurre lo mismo: en la Ciudad de México, por ejemplo, existen derechos que hoy no están tutelados en nuestro territorio estatal, como sucede con algunas causales para la interrupción del embarazo o para la unión de personas de un mismo sexo. También existen diferencias, en algunos casos abismales, respecto a leyes que se supone deberían ser de aplicación general, pero que en Hidalgo ni siquiera son conocidas. Es el caso de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que fue aprobada el año pasado en la Cámara de Diputados y que, pese a que mandata a los estados a adecuarla en sus propios contextos locales, esto no ha sucedido en nuestra entidad. Por esa razón recientemente el colectivo Juntos por Hidalgo, dedicado a ayudar a personas que han sufrido la desaparición de un ser querido, acudió al foro “Desaparición forzada, un reto para la 64 Legislatura”, donde llamó a los diputados federales a pugnar porque la ley en la materia no se convierta en letra muerta y para que familiares de víctimas de desaparición forzada cuenten con apoyos necesarios y se protejan sus derechos. No se trata de cuantiosos presupuestos, ni de complicadas acciones, de lo único que se trata es de adecuar a las instituciones que ya existen y en algunos casos capacitar al personal que ya actúa en estos para que lo hagan conforme a protocolos que yan han sido aprobados a nivel nacional. En este caso, como en otros, solo se necesita que las autoridades actúen con diligencia. ¿Será mucho pedirles? De filón. Aunque usted no lo crea, la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP) regresó a las andadas: otra vez tiene pendiente la entrega de un paquete de títulos a, en este caso, 564 egresados de esa institución. Se supone que se los entregarían a finales de este mes pero, según estudiantes, podría aplazarse hasta noviembre.

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