En Hidalgo existe una distribución inequitativa de las notarías. Es interesante ver cómo las desigualdades económicas impactan en todos los ámbitos. Desde la posibilidad de tener educación de calidad, acceder a espacios públicos dignos o tener acceso a suficientes notarías para hacer los trámites que necesitamos. En nuestro estado es clara la disparidad económica: tenemos una zona sur urbana y con perfil industrial y de servicios, mientras que el norte se distingue por ser primordialmente rural, con altos niveles de pobreza, y con ausencia de infraestructura de calidad. Este principio de desigualdad se repite si hablamos de notarías. Pachuca y Tula concentran servicios, industria, infraestructura… y también notarías. La capital del estado tiene 27 notarías mientras que Tula tiene 17. En este último municipio, cada notario atiende a 22 mil 773 habitantes. En contraste, en el distrito judicial de Zimapán solo hay dos notarías para 63 mil ciudadanos; Tenango está peor: solo hay un notario para atender a 72 mil habitantes; en Jacala, lo mismo: una notaría para 70 mil pobladores. Y así, seguramente, se repetiría este patrón si analizamos otros parámetros que reflejen el desarrollo de una región. Es la historia de nuestro país. Aquí la diferencia es que el gobierno y el Colegio de Notarios del estado pueden fomentar una mejor distribución de las notarías. Aunque esto no parece importar demasiado a quienes llevan las riendas del Ejecutivo estatal. Si así fuera, la administración del exgobernador Francisco Olvera Ruiz no hubiera aprobado otras seis patentes para la capital del estado o cinco más para Tula. De filón. En Omitlán se impuso el PRI al Partido Verde durante la elección extraordinaria. Hubo buena participación ciudadana, pero también acusaciones delicadas. Desde vehículos con material de construcción en lugares y horas sospechosas, hasta supuesta compra de votos. A partir de hoy comienza la batalla, pero ahora en los tribunales.

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