En el estado de Hidalgo se genera una inmensa riqueza. En producto interno bruto (PIB) de las actividades secundarias ocupa el lugar 16 nacional, y el 19 en PIB total. Es el principal productor de cemento (28 por ciento del total nacional): operan en la entidad seis plantas, con una capacidad productiva que oscila en torno a 10.

1 millones de toneladas anuales (Secretaría de Desarrollo Económico, 2014). En el sector energético, la refinería de Tula es la más importante de las seis que hay en México: en 2017 procesó 215 mil barriles diarios de petróleo (Sener). Ahí mismo se ubica la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, la segunda que más electricidad genera entre las 30 que operan en el país. La agricultura y la ganadería en el estado son ricas: en 2015-16, Hidalgo fue el sexto productor de café cereza (FIRA); en fin, ocupa el segundo lugar en producción de ovinos. Lamentablemente, lo anterior no se traduce en un mayor bienestar para la mayoría de los hidalguenses. La miseria se expande a la par que se produce más riqueza.

Habitan en el estado 2.9 millones de personas, de las cuales, 1.4 millones padecen pobreza, y en pobreza extrema viven 234 mil, el 8 por ciento (Coneval: Medición de la pobreza 2016). En la Huasteca y la Sierra Otomí-Tepehua, el hambre es una cruel realidad, y demanda acción gubernamental que asegure despensas alimenticias; son zonas principalmente indígenas (el estado es el sexto en porcentaje de población indígena). Hidalgo está clasificado en la categoría de “alto grado” de marginación: en el sitio número nueve. En el país, 22 por ciento de la población se ubica en la categoría de no pobre y no vulnerable; en cambio, en Hidalgo solo el 12.8 por ciento, 374 mil personas (Coneval, 2016). Según estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), 11 de agosto de 2015, Pobreza Extrema en Entidades Federativas 2014, firmado por Kristóbal Meléndez, el estado ocupa el octavo sitio en habitantes en pobreza extrema (datos Enigh 2014), en contraste con el lugar 18 que ocupa en la población nacional. Utilizando el coeficiente de Gini, el estudio ubica al estado como el séptimo con mayor desigualdad.

Más específicamente, en rezago educativo ocupa el lugar 24 nacional, con un 18.5 por ciento en tal condición. Mientras en el país, el 55.8 por ciento carece de acceso a la seguridad social, en Hidalgo es el 77.1 por ciento (lugar 29). En el país, 19.3 por ciento padece rezago en acceso a servicios básicos en la vivienda; en Hidalgo, el 28 por ciento (sitio 25, un total de 819 mil habitantes que viven en 203 mil viviendas). El 20.1 por ciento de todos los mexicanos sufren rezago en acceso a la alimentación; en ese caso, 24.5 por ciento, lugar 27 nacional (Sedesol, Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2018, Estado de Hidalgo, con datos del Coneval 2016). Según Inegi, en 2015 un 5.5 por ciento de mexicanos se encontraba en analfabetismo, contra 8.2 por ciento en Hidalgo, séptimo sitio nacional. En ese contexto de tremenda marginación, y como un mentís a la fallida política de seguridad de los gobiernos estatal y federal, el sábado pasado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los datos correspondientes a junio, donde Hidalgo encabeza la lista de aumento en homicidios: 355 por ciento más que en junio del año pasado.

Ante esa realidad de brutal contraste, entre abundancia económica y una ominosa miseria, todo gobierno con un mínimo de sensibilidad social tendría el deber de, al menos, buscar atenuar tal situación, orientando el gasto público para atender prioritariamente a los sectores más desprotegidos; eso sería humanismo. La empobrecida sociedad hidalguense requiere atención urgente, mediante una política gubernamental de generación de empleos suficientes, permanentes y bien remunerados, y una reorientación del gasto público en favor de quienes más lo necesitan. Pero salta a la vista que en la entidad no ocurre así, ni por pienso; y si el gobierno, atado por sus intereses y compromisos con los poderosos, no lo hace motu proprio, mínimamente debiera respetar y atender a quienes sí se esfuerzan, hasta el límite de sus modestas posibilidades, por promover la equidad distributiva, algo, por lo demás, contemplado en nuestras leyes como derecho de petición y de manifestación; pero tampoco eso hace: por el contrario, despliega contra ellos una sorprendente e irracional agresividad.

El gobierno encabezado por Omar Fayad Meneses ha desatado una verdadera persecución contra aquellos que se atreven a exigir atención a demandas ancestrales de comunidades y colonias populares, concretamente, contra campesinos y colonos organizados en el movimiento antorchista hidalguense.

En lo que va de la actual administración, se han atropellado sistemáticamente las garantías constitucionales y se aplica una política de bloqueo administrativo total y de difamación hacia quienes se atreven a cuestionar el actual orden de cosas y demandan mejoras. Todo ello ha quedado sobradamente evidenciado en la prensa local, fuente a la cual remito a los lectores interesados en el caso; no cito aquí cada nota de periódico, fecha y página, por razones de espacio, pero los pormenores son sobradamente conocidos por la opinión pública del estado.

Por elemental humanismo, se impone una reorientación en las decisiones oficiales hacia el pueblo. Urge abandonar la política de negativa, pretextos y ocultamiento, y destinar una proporción mayor de los recursos para atender, por ejemplo, las carencias en servicios públicos en las viviendas, construcción y sostenimiento de escuelas, albergues para estudiantes pobres, hospitales, caminos rurales, sistemas de agua potable, obras de electrificación. No puede el pueblo vivir de pura retórica. El hambre no se sacia con periodicazos o amenazas, ni silenciando a quienes la sufren ni cercándolos en sus comunidades para impedirles manifestarse. Hacer eso, únicamente multiplica la indignación social y exhibe, tras el discurso engañoso, a los gobernantes que tal hacen. Así las cosas, y como alguien dijo; no sé quién, pero dijo bien: necesitamos un gobierno que luche contra la pobreza, no contra los pobres.

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