Fuerte golpe a las finanzas públicas tendrá Hidalgo, luego de que el Senado de la República aprobó la eliminación de 109 fideicomisos para trasladar el financiamiento al combate de la pandemia contra el Covid-19. Entre los sectores más afectados será el de la construcción, que verá rasurados al menos mil 300 millones de pesos destinados a obra pública a través de seis fondos específicos. Este recorte significará una merma de al menos 10 por ciento en proyectos, ya sea de bolsa inicial, segundas o terceras etapas, reconoció ayer el secretario de Obras Públicas del gobierno de Hidalgo José Meneses Arrieta al comparecer ante diputados locales. La extinción de 109 instrumentos financieros, cuyo destino presupuestal aún es incierto, es un duró revés al incipiente desarrollo nacional. La medida, que raya en el agandalle legislativo, resulta sumamente cuestionable por distintas razones. Si bien algunos, como el Fondo Nacional de Atención a Desastres Naturales (Fonden), carecieron de transparencia y tuvo indicios de corrupción por anteriores administraciones, la desaparición del resto de los fideicomisos se ordenó con el mismo rasero. El dictamen careció a todas luces de un consenso entre especialistas de los diferentes sectores de la administración pública, activistas, atletas y la comunidad científica, por decir los menos. No existe tampoco claridad sobre la forma en que serán distribuidos los recursos tanto a los beneficiarios de los distintos programas como a la emergencia sanitaria. Un galimatías en potencia. Por su parte, el gobierno del estado que siempre ha amortiguado los descalabros financieros de la federación, deberá preparar un plan de rescate para los constructores estatales, de lo contrario la crisis de este sector se profundizará en niveles insospechados. De filón. Quien piense que el riesgo de un estallido social acabó tras la elección del 18 de octubre se equivoca, el acalorado proceso electoral está en punto de ebullición.

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