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Hidalgo, entre los estados que más castiga el aborto

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Suman 15 personas sentenciadas por ese delito

Pachuca.- Rebeca, una hidalguense de 33 años, cursaba un embarazo deseado de ocho o nueve semanas. Seguía estrictamente sus controles prenatales debido a que tenía un embarazo de alto riesgo y portaba una pulsera del IMSS que le permitía el acceso a servicios de urgencia médica.

Una mañana, se sintió afiebrada debido a una infección en vías respiratorias. Cuando se metió a bañar tuvo un sangrado, por lo que su madre decidió llevarla al hospital. El médico que la revisó afirmó que se había colocado una pastilla abortiva y le dijo a una enfermera que llamara al Ministerio Público, por lo que fue sujeta a un proceso penal acusada de tentativa de aborto y privada de su libertad en una cárcel del estado durante 19 días.

Pero Rebeca es solo uno de los casos documentados en el estudio “Maternidad o castigo, la criminalización del aborto en México”, presentado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), en donde Hidalgo destaca por ser uno de los cinco estados de la República en donde más se castiga el aborto, pues de 2007 a 2016 existieron 207 denuncias por ese delito.

Con dicha cifra, Hidalgo es la quinta entidad con más denuncias por ese delito, solo por detrás de la Ciudad de México donde fueron denunciados 894 casos, Baja California con 466, Veracruz con 416 y Nuevo León con 339.

Asimismo, resalta que en dicho periodo 15 personas fueron sentenciadas por el ilícito de aborto, de las cuales, 12 fueron mujeres y tres hombres. No obstante, Hidalgo no destaca entre los estados con más averiguaciones previas iniciadas por la presunta comisión del delito, aunque fueron registradas cuatro personas en prisión definitiva.

Por otro lado, aunque el aborto en México se clasifica como no grave y las personas acusadas pueden permanecer en libertad mediante el pago de una caución o fianza, el documento da cuenta que la mayoría de mujeres que enfrentan procesos penales por ese delito provienen de contextos de marginación económica, y por lo tanto, podrían no tener los recursos suficientes para cubrirlo.

Ante ese panorama, la situación en la entidad se ve limitada luego que el Código penal del estado solo establece como sanciones la privación de la libertad, misma que puede ir de uno a tres años de prisión, así como una multa económica de 10 a 40 días de salario mínimo, sin contemplar opciones como trabajo en favor de la comunidad o medidas alternativas que sí ejecutan otras entidades.

Al respecto, Regina Tamés, directora del Gire, externó durante la presentación del informe que es reprochable que el Estado invierta recursos para tratar a las mujeres como criminales, ya que ellas son sentenciadas por abortos espontáneos, y en ocasiones, no sabían que estaban embarazadas, o tienen partos accidentales.

A su vez, el documento critica el desconocimiento de las autoridades con respecto a sus obligaciones, además “de la existencia de protocolos, lineamientos administrativos y códigos penales que no han sido homologados con la legislación general vigente relacionada con víctimas de violencia sexual”.

Por lo que dicho documento instruye una serie de recomendaciones, entre ellas, la despenalización del aborto voluntario, por lo menos, durante el primer trimestre de la gestación, así como garantizar que el tipo penal para el delito de aborto considere los estándares nacionales más respetuosos de derechos humanos para las mujeres.

  • Es la quinta entidad con más denuncias por ese delito, solo por detrás de la Ciudad de México donde fueron 894 casos, Baja California con 466, Veracruz con 416 y Nuevo León con 339

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