Desde 1981, nuestro país se ha adherido a convenciones y tratados internacionales como una forma de hacer visible los actos de discriminación y violencia hacia las mujeres; no debemos olvidar que las mujeres en México tenían conculcados sus derechos democráticos no solo en actos de discriminación, falta de acceso en igualdad de condiciones a la vida laboral, política y social, sino a una cuestión primordial en un país que se supone democrático desde la segunda década del siglo pasado, pues es hasta 1953 cuando las mujeres logran su derecho a votar y ser votadas.

Sin embargo, es uno de los sectores que más padecen la inequidad y la falta de atención por parte del Estado mexicano, pues siguen siendo vulneradas en sus derechos políticos, económicos y sociales, esto último debido a la aberrante ola de violencia contra ellas, miles de desaparecidas con fines de explotación sexual, o simple y llanamente por el hecho de ser mujer y estar en el lugar y la hora equivocada, a merced de mentes desquiciadas y perversas que hacen de las mujeres el blanco de su barbarie; aunado a eso, la inacción del gobierno, la falta de intervención precisa y certera de este con políticas públicas y prevención del delito hacia ellas. Tenemos en este momento el caso del individuo que ya se conoce en medios de comunicación como el Monstruo de Ecatepec, un tipo que ha confesado, según las autoridades, haber asesinado a más de 20 mujeres en complicidad con su pareja sentimental.

Lo anterior es aberrante desde cualquier punto que lo veamos; sin embargo, no se debe de caer en situaciones simplistas, porque hay que recordar que el Estado de México es foco rojo en cuanto a desapariciones y asesinatos de mujeres de todas las edades, pero en particular de jóvenes; hay que exigir una investigación a fondo y confiable, pues detrás de muchos de los feminicidios en el país se encuentran redes de tratantes de personas con diferentes fines.

Hidalgo, desgraciadamente, no es la excepción. En 2016 un reporte de la ONU Mujeres México dio cuenta que de 2 mil 746 defunciones de mujeres con presunción de homicidio, 43 fueron en nuestra entidad, así también en las últimas semanas hubo por lo menos cuatro alertas de jóvenes desaparecidas, en la mayoría de los casos se logró dar con su paradero.

Las famosas redes sociales hacen su labor de alerta, pero también son escaparates para revictimizar a las jóvenes, agredirlas, defenestrarlas, ofenderlas, juzgarlas y, en casos extremos, hay quienes se atreven a decir que “ellas se lo buscaron”.

Hago un recuento de todo esto porque no debemos olvidar nuestro papel en la sociedad, no debemos de tolerar este tipo de actos, no debemos de acostumbrarnos a verlo como algo “normal”, la violencia no debe normalizarse –contra nadie–, mucho menos contra las mujeres, erradicarla es un imperativo, no solo se atenta contra ellas, se atenta contra la sociedad en su conjunto y la vida democrática del país. Se están haciendo esfuerzos, pero ante la oleada de violencia parecen insuficientes; uno de estos esfuerzos es la institución que un grupo de diputadas y diputados de tres partidos diferentes visitamos el pasado lunes en Tepeji del Río, donde se encuentra La Ciudad de las Mujeres, un espacio dedicado a atender en nuestra región a quienes son violentadas por sus parejas o por extraños. Ese proyecto parte de replicar la experiencia salvadoreña Ciudad Mujer y lo proyectó la administración del exgobernador Francisco Olvera, quien solo hizo un “elefante blanco”, pues dejó una obra de infraestructura sin considerar los recursos para su operación. Lo retomó el actual gobierno estatal, quien hace un esfuerzo importante, pero insuficiente, por lo que pudimos constatar en nuestro recorrido.

Diputadas y diputados vamos a revisar a fondo el presupuesto de esta institución –insuficiente a todas luces–; cuando se trata de servicios a la población, generalmente no hay recurso que alcance, pero se trata de reorientar el dinero público, transparentar el presupuesto y utilizarlo de manera eficaz y eficiente. A eso nos comprometimos y lo vamos a cumplir.

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