La tragedia ocurrida en Tlahuelilpan el pasado viernes es solo una arista de un problema que fue creciendo, no solo a nivel nacional, sino en nuestra entidad. Un reporte dado a conocer ayer por el director de Pemex Octavio Romero Oropeza reveló que Hidalgo va a la cabeza respecto al número de tomas clandestinas de combustible y en 2018 terminó en ese mismo deshonroso lugar. Según el funcionario, en lo que va de este año, Hidalgo lleva 164 tomas, seguido de Veracruz con 67 y Estado de México con 64. Mientras que en 2018, la entidad quedó en el primer sitio con 2 mil 121 tomas, superando a Puebla, que reportó 2 mil 72, después Guanajuato con mil 919, Jalisco con mil 550 y Veracruz con mil 539. Con tales cifras no es extraño que haya ocurrido un accidente de las dimensiones que tuvo el del pasado viernes el de Tlahuelilpan. Las cosas no pasan en el vacío. Hay un contexto que las motiva, y en nuestra entidad está claro. En este espacio hemos denunciado desde hace un par de años que la normalización del robo de combustible, la participación de comunidades enteras en ese delito y el cada vez mayor índice de violencia alrededor del fenómeno, no iban a dejar nada bueno en el futuro. Hoy ese mañana nos alcanzó y las cifras que ofreció ayer Romero Oropeza y el infierno que vivió el pueblo de Tlahuelilpan el pasado viernes no dejan lugar a dudas. De filón. La violencia con que un grupo de comerciantes atacó anoche a regidores de Mineral de la Reforma no debe quedar como mera anécdota. Debe haber consecuencias contra personas que actúan con impunidad y que además amenazan a trabajadores de los medios de comunicación. Hidalgo no debe ser tierra sin ley.

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