Diputados de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Hidalgo darán hoy el primer paso para buscar prohibir la distribución, venta y suministro de comida “chatarra” a infantes en Hidalgo. Se trata de una estrategia nacional que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador ha emprendido, luego de que el Congreso local de Oaxaca aprobó una reforma la semana pasada con ese propósito. La iniciativa oaxaqueña fue bien recibida por la opinión pública en todo el país, pues México enfrenta una auténtica epidemia que nos coloca como el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en lo que respecta a adultos, solo detrás de Estados Unidos (EU). El problema se agravó este año, pues las personas con esa condición fueron más vulnerables frente a la pandemia del coronavirus (Covid-19) que hoy mantiene a nuestro país en el tercer lugar con mayor número de víctimas mortales en todo el mundo. Se trata de un tema urgente que debe ser atendido cuanto antes, pero se corre el riesgo de que, por las prisas, la reforma se apruebe sin consultar a los actores involucrados. Al menos así lo dejó ver el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Hidalgo Ricardo Rivera Barquín, quien lanzó un llamado a los legisladores morenistas a que convoquen al sector empresarial a dialogar con el fin de evitar daños a la economía local. El líder empresarial dijo que es necesario escuchar también al sector salud, padres de familia, y nosotros agregaríamos que a los especialistas: a investigadores, nutriólogos, incluso expertos en gastronomía mexicana, pues debe pensarse en alimentos que sustituyan a los que serán prohibidos si es que la reforma prospera en Hidalgo. Es muy positivo que desde el Poder Legislativo se piensen en medidas para retirar a nuestro país del vergonzoso primer lugar mundial en obesidad infantil, pero también es indispensable que la reforma se haga de manera integral, sin prisas, pues lo que está en juego es la salud de las siguientes generaciones. De filón. Una auténtica bomba detonó ayer luego de que el fiscal Alejandro Gertz dio a conocer que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya presentó una denuncia de hechos en la que acusó formalmente que el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario Luis Videgaray ordenaron la entrega de sobornos en el caso Odebrecht. Un caso que hay que seguir de cerca por las implicaciones que tendrá para la clase política local, que tuvo especial cercanía con la administración federal pasada.

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