Se está muriendo mucha gente que no se había muerto antes! Esa aparentemente contradictoria frase del filósofo de Güemez es la que mejor define lo ocurrido la madrugada del 13 de julio de 2017, cuando un comando armado asesinó a 11 personas, en un hecho sin precedentes en la historia de Villa los Milagros de Tizayuca.
La oleada de violencia que vive nuestro país está alcanzando entidades como Hidalgo, que se prestaba de ser la más segura del país. Sobre este detestable hecho se vierten varias reflexiones que los hidalguenses debemos hacer para tejer los puentes necesarios para que la autoridad cumpla sus funciones de salvaguarda de las personas y sus propiedades. Porque ciertamente, está muriendo gente que antes no moría en nuestro estado y, mucho menos, en una fiesta infantil.
Las declaratorias de algunos funcionarios públicos sobre los hechos ocurridos en ese municipio hidalguense parecen no ser coincidentes con lo que se esperaría de un funcionario público que sabe de sus competencias y del proceso de investigación que debe seguirse para procurar e impartir justica.
Sin embargo, no puede impartirse justicia con declaraciones cargadas de prejuicios e ignorancia que en nada contribuyen para dar con los responsables, ni mucho menos a vislumbrar estrategias en el largo plazo para combatir el delito.
“Los muertos no eran hidalguenses”, refirió el funcionario público A sobre lo ocurrido. Habría que decirle a A que Tizayuca hace parte del territorio estatal y que los tres poderes autónomamente establecidos deben coadyuvar en el buen funcionamiento de las instituciones, incluidas las de seguridad e impartición de justicia de la entidad.
El funcionario B, por su parte, indicó que dos de los acusados tenían antecedentes penales, infiriendo que los malos siempre tienen finales trágicos. El funcionario B no conoce los principios de presunción de inocencia, ni del derecho que los familiares tienen para salvaguardar la reputación y dignidad de los fallecidos; la ley es general, aplica con igualdad de condiciones a todas las personas.
El funcionario C, asimismo, resaltó que no debe politizarse la muerte de 11 personas ya que se tratan de hechos aislados. No son hechos aislados porque la estadística oficial y trabajos de investigación científica demuestran que la violencia en Hidalgo se concentra en municipios como Mineral de la Reforma, Tula, Tepeapulco, Tepeji y Tizayuca, además de que el grado y tipología de la violencia en esos municipios es mucho más grave.
Finalmente, las declaraciones de que los municipios hidalguenses aledaños al Estado de México son más proclives a la violencia e inseguridad porque cuenta con población flotante y además hay una “importación de delincuentes” del estado y la Ciudad de México, son explicaciones erróneas porque hay una visión determinista que estigmatiza a los habitantes de las entidades vecinas. Para dar respuesta a esa impresición se debe centrar el debate sobre la autorización (y corrupción aparente en el cambio de uso de suelo) para construir fraccionamientos en la Zona Metropolitana de Pachuca y sus alrededores, ya que en el último reporte de 2016 de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) posiciona a Hidalgo en el primer lugar nacional en vivienda deshabitada (60 por ciento), es decir, incrementó el stock de viviendas desocupadas y los problemas de inseguridad asociados ya que la mayoría de esas viviendas han sido presas de la delincuencia.
El problema de inseguridad ha tocado la puerta de Hidalgo en delitos que solo ocurrían en otras entidades ya consolidadas como violentas. Ya podemos hablar en nuestra entidad de secuestro, feminicidios, extorsión, robo de combustible y, ahora, “ejecuciones”… ¿Qué más sigue?

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