Según el corte más reciente, en Hidalgo se cometieron 111 homicidios durante los primeros siete meses del año en curso, lo cual quiere decir que la incidencia de ese ilícito creció 32 por ciento respecto al mismo periodo pero de 2016, es decir, respecto al conteo realizado para el mismo delito dos años atrás. Esto coincide con la entrada del nuevo gobierno estatal a la entidad, lo cual podría suponer que las bandas criminales aprovecharon los reacomodos en las instituciones públicas para actuar en lo que el nuevo gobierno asumía a cabalidad sus funciones. Pero también existe la posibilidad de que Hidalgo, como lo ha dicho el gobernador Omar Fayad, esté siendo afectado por circunstancias externas, o lo que es lo mismo, que la entidad esté siendo contaminada por sus vecinos cercanos con altos índices delictivos como el Estado de México y la Ciudad de México, o como Puebla, entidad cuyos delincuentes se consideran responsables de importar a Hidalgo la prevalencia de la extracción irregular de hidrocarburos, mejor conocida como huachicoleo. Ahora que está cercano el segundo informe de gobierno de la actual administración, es imprescindible reflexionar sobre lo que ocurre con la seguridad pública. Más allá de repartir culpas, se debe hacer un diagnóstico por cada delito y ver qué es lo que realmente está pasando: si se trata de un deterioro impulsado por factores ajenos a la entidad o si hay causas que están enterradas en las profundidades del suelo hidalguense. El estado no puede seguir con ese ritmo de crecimiento en delitos como el homicidio, pues lo que está en juego es la tranquilidad de todos. De filón. Según Lorena Gómez Castillo, presidenta de la comisión inmobiliaria de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la eventual llegada de las oficinas centrales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a Pachuca será positiva para el mercado inmobiliario, pues traerá oportunidades y desarrollo económico. La misma funcionaria dijo además, en entrevista con este diario, que Pachuca tiene la suficiente infraestructura para recibir a unos mil 500 trabajadores que implicaría la operación de la citada secretaría. Ya veremos si tal escenario se concreta o se convierte en todo lo contrario.

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