Pachuca.- Según datos de la exProcuraduría General de la República (PGR), más de 75 por ciento de personas acusadas por robo de hidrocarburo en Hidalgo quedan en libertad; el problema, de acuerdo con el profesor-investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Javier Sánchez Lazcano radica en que muchos casos se resuelven con acuerdos reparatorios.

En entrevista para Libre por convicción Independiente de Hidalgo, el especialista explicó en qué consisten esos procedimientos y porqué, desde su punto de vista, debe modificarse el código penal nacional para que cada caso sea juzgado de manera particular; toda vez que las reformas a la Constitución que propone el Congrego federal para catalogar el delito como grave no disminuirían el problema.

“Los acuerdos reparatorios son un convenio que existe entre la víctima y la persona que comete el delito, si el imputado o responsable paga los daños materiales o la afectación, el asunto se acaba, es una forma de que los procesos concluyan de manera rápida para despresurizar el sistema de justicia.”

No obstante, existe una confusión porque cuando el código nacional establece que dichos acuerdos proceden en los delitos de carácter patrimonial, se refiere al patrimonio de las personas, es decir, aquello de lo que cada individuo dispone, como un vehículo, explicó el investigador.

“El problema surge cuando en la ley para sancionar los delitos en materia de hidrocarburo se cree que la persona que lo roba está cometiendo un delito patrimonial y entonces algunos juzgadores comienzan a dar salida con ese tipo de acuerdos reparatorios, porque llega Pemex y se conforma con que le paguen o devuelvan el combustible. Y es ahí donde está el problema, porque no es lo mismo que se afecte el patrimonio de una persona o un particular, a que se afecte el patrimonio del Estado, que al final del día es el patrimonio de los mexicanos.”

En ese sentido, la reforma que propone el Congreso para convertir el robo de hidrocarburo en delito grave, ¿sería una opción?

“Es complicado, porque en esos casos basta que a la persona se le atribuya el delito para que enfrente el proceso privada de su libertad; sin embargo, organismos internacionales han determinado que es violatorio de los derechos humanos que el Estado emita prisión preventiva de manera generalizada. Lo que se requiere son jueces que sean razonables, que analicen caso por caso y, en esa medida, apliquen la prisión preventiva.”

El especialista puntualizó que la reforma implicaría que cualquier persona acusada de robo de combustible, sin importar la cantidad que hurte, enfrente el proceso en prisión; generando además un incremento en acuerdos reparatorios ante la urgencia de alcanzar la libertad y dejando lejos la posibilidad de llegar a sentencia.

“Eso implicaría que aquél que se llevó un garrafón, 20 o 30 litros, tenga que enfrentar los procesos en prisión, cuando todos estamos conscientes que esas personas no son quienes se dedican a robar, sino que circunstancialmente llegaron ahí, como en el caso de Tlahuelilpan.

“Además, si no queda claro el tema serán más reincidentes los acuerdos reparatorios, porque como todas esas personas se irían en automático a prisión preventiva, les urgirá hacer un acuerdo para salir y seguiremos llevando procesos que no lleguen a sentencias.”

Por ello, consideró que más allá de preocuparse por el tema de la prisión preventiva, las autoridades deben ocuparse de dejar en claro que, en aquellos delitos en los cuales esté en juego el patrimonio del Estado, no podrán proceder los acuerdos reparatorios.

¿Cuál sería entonces la modificación pertinente y dónde tendrían que asentarse?

“La modificación sería al código nacional de procedimientos penales en el capítulo de “salidas alternas”, para limitar las salidas alternas, en específicos los acuerdos reparatorios únicamente para aquellos casos o delitos de contenido patrimonial de particular, no del Estado, pues ello dará además la posibilidad de que esos casos lleguen a sentencia.

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