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El IFT y su decisión política

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Cuatro comisionados impusieron su mayoría y decidieron, la semana pasada, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no interpusiera una controversia constitucional por la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en materia de derechos de las audiencias.
No fue una decisión jurídica, sino política, porque en lugar de despejar las legítimas dudas jurídicas sobre las facultades constitucionales del instituto, evitaron el diferendo “institucional” con el Congreso de la Unión, bajo el argumento de que a este le corresponde la definición de los derechos de los usuarios y de las audiencias.
Dicho de otra manera: los comisionados prefirieron mantener una buena relación con las fuerzas políticas que controlan el Poder Legislativo y paralelamente no abrir de nueva cuenta un flanco de confrontación con algunos regulados a los que no les gusta que el instituto intervenga en un conjunto de derechos que afectan sus intereses. Además, bajo ese cálculo político, el desgaste de una controversia sería mayor que la reacción de las instituciones, organizaciones o personas que apoyan los derechos de las audiencias.
De poco sirvió la recomendación del consejo consultivo del mismo organismo, así como el documento de 37 páginas que prepararon las comisionadas del IFT Adriana Labardini y María Elena Estavillo, para convencer a sus colegas de llevar a cabo el juicio y que sea la Suprema Corte de Justicia la que resuelva. Los comisionados Gabriel Contreras Saldívar, Mario Fromow Rangel, Javier Juárez Mojica y Arturo Robles Rovalo no salieron del guion durante la discusión de la propuesta, pese a las dudas que prevalecen en el sector sobre la inconstitucionalidad de varios cambios a la ley.
Con su voto, los comisionados incurrieron en diversas irresponsabilidades que impactan en otras esferas. Por ejemplo, avalaron la prevalencia de una práctica que dañará el ejercicio periodístico y el derecho a la información de las audiencias: la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.
Ante el más grande proceso electoral que tendremos en México, el mercado de venta y compra de notas, entrevistas y reportajes tendrá un incentivo importante, porque una de las autoridades que tiene facultades para verificar que no se viole la Constitución fue descartada, o más bien autodescartada por los comisionados.
En el documento que presentaron las comisionadas Labardini y Estavillo se desglosa dicho punto, precisan que el artículo 28 constitucional establece que el IFT tiene por objeto, entre otras cosas, el desarrollo del sector radiodifusor, que garantice lo dispuesto por los artículos sexto y séptimo constitucionales. Es en la fracción cuatro del artículo sexto donde establece una norma clara sin excepciones, que corresponde al instituto tutelar: la prohibición de transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.
La malograda reforma a la LFTR refiere, en el artículo 256, fracción cuatro, que en el código de ética los concesionarios indicarán los elementos y prácticas para prevenir y evitar incurrir en la prohibición a la que refiere dicha fracción. De este modo, dicen las comisionadas, se deja a la entera libertad de los concesionarios el establecer aquellos elementos y prácticas para prevenir y evitar conductas prohibidas directamente por la
Constitución.
Sin embargo, argumentan, el IFT, al tener la competencia referida en el artículo 28 constitucional debería tener en consecuencia la facultad para “decidir, fundada y motivadamente, cuáles deberían ser estas prácticas y elementos y a sancionar las infracciones a la prohibición constitucional”. De modo que esa reforma trastoca el sistema competencial constitucional, al trasladar la garantía de los derechos de la esfera competencial del IFT a la esfera de libertades de los concesionarios, pues otorgará libertad de adoptar un régimen de autorregulación para cumplir y garantizar una norma constitucional.
También, detallan las comisionadas, la reforma a la LFTR introdujo una excepción no contemplada en la prohibición constitucional. Efectivamente, el nuevo artículo 256, fracción cuatro, establece que “se entenderá que se transmite publicidad o propaganda como información periodística o noticiosa, cuando un concesionario inserte dentro de su programación informativa un análisis o comentario editorial, cuyo tiempo de transmisión haya sido contratado por un anunciante, sin que tal circunstancia se haga del conocimiento de la audiencia”. De esa manera, “se permite, a contrario sensu, que los concesionarios sí transmitan publicidad presentada como información noticiosa, siempre y cuando lo hagan de conocimiento de las audiencias”.
La interposición de la controversia constitucional no hubiese resuelto de forma inmediata la problemática expuesta, pero la actuación de los comisionados habría reforzado una postura ética y legal, de impedir a toda costa una práctica que vulnera los derechos del televidente.
Labardini y Estavillo encontraron que la reforma afecta a otras competencias constitucionales del instituto, como supervisar, y en su caso, sancionar violaciones en materia de derechos de las audiencias, lo cual impedirá garantizar los derechos. En su exposición, desde luego, no coinciden en el argumento que defendieron sus colegas sobre el monopolio del Congreso en la definición de los derechos de las audiencias. Argumentan que la Suprema Corte ya estableció que el instituto, mediante su facultad regulatoria que deviene de la Constitución, tiene una facultad cuasi legislativa no sujeta a la reserva de ley, sino al mandato del 28 constitucional y que el Congreso no puede prohibirle regular y supervisar lo que la Constitución le manda. ¿Así o más claro?

Acción de inconstitucionalidad

La postura política de los cuatro comisionados contrasta, afortunadamente, con la respuesta de 47 senadoras y senadores que presentaron la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma. El juicio ya fue admitido por la Suprema Corte, de igual forma contrasta con los amparos que promovieron en los últimos días organizaciones y personas que, a diferencia de la mayoría del pleno del IFT, buscan defender las facultades constitucionales del organismo y garantizar los derechos de las audiencias. Serán procesos legales que quizás se resuelvan hasta el segundo semestre de 2018.

Imer: retroceso

Por si no fuera suficiente la decisión del pleno del IFT, en otro organismo del Estado, el Instituto Mexicano de la Radio (Imer) retrocedió gravemente en materia de derechos a las audiencias. Resulta que la dirección disolvió el consejo de programación de radio ciudadana, el cual fungía como asesor de las acciones, programas y proyectos para cumplir con la misión de la XEDTL-AM (660 KHz). Sin duda, representa un gran golpe a la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en un medio público. Su creación data de 2002 y fue una propuesta innovadora y vanguardista en México, que se acercaba a las mejores prácticas internacionales de operación de un medio público, pues los integrantes -organizaciones de la sociedad y expertos buscaban, entre otros objetivos, ampliar la pluralidad y diversidad en los contenidos de la emisora a partir de la selección de proyectos radiofónicos ciudadanos, a los que convocaba el Imer.
La ley obliga a las emisoras que operen con recursos públicos transiten sus permisos a concesiones de uso público. Para ello deben crear consejos de participación ciudadana y cumplir otras obligaciones. El Imer también lo deberá hacer. Quizá la extinción del consejo de radio ciudadana sea para formar un nuevo consejo más amplio para todas las emisoras de organismo, pero la medida no se justifica plenamente por la peculiaridad del proyecto radiofónico. Asimismo la disolución se efectuó de forma arbitraria, sin consideraciones a consejeros.

@telecomymedios

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