Sería aplicado a quienes cometan delitos en un plazo no menor de 15 años

Pachuca.- Para aumentar costos y barreras para la comisión de un delito, la diputada Noemí Zitle Rivas presentó ayer ante el pleno del Congreso de Hidalgo una iniciativa en la que se considera aumentar las sanciones y considerar el caso de reincidencia como agravante, con el objetivo de que disminuya la comisión de delitos y sea llevada a cabo la caracterización del delincuente habitual.

“Esta reforma va encaminada a poder implementar penas en el código penal para el estado de Hidalgo para quienes después de haber sido considerados reincidentes, cometan delitos de materia dolosa, en un plazo no menor de 15 años contados a partir de su primer delito, llamándoles delincuentes habituales”, explicó la legisladora.

Añadió que al aumentar las penas a los reincidentes de delitos del fuero común “esperamos que el daño al patrimonio de las personas y de las familias, producto de la delincuencia, se vea aminorado”.

Por ello, sometió a consideración del pleno la reforma a los artículos 23, 92 y 108 del código penal estatal para que sea “considerado delincuente habitual el reincidente que en el mismo género de infracciones comete un nuevo delito procedente de la misma naturaleza o inclinación viciosa, siempre que los tres delitos anteriores se hayan cometido en un periodo que no exceda de 15 años. Incrementándose la pena en dos veces más a la ya establecida en esta misma ley”.

Asimismo, “la reincidencia solo será tomada en cuenta para la individualización de la pena y para el otorgamiento o no de los beneficios que la ley prevea, aumentándose las penas al doble de lo ya señalado, a excepción de las disposiciones específicas que la misma ley contemple”.

Zitle Rivas advirtió durante la lectura de sus consideraciones que conforme a lo estipulado en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 2016, 13 por ciento de los delitos del fuero común fueron cometidos por personas ingresadas de tipo reincidente.

Dijo, además, que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a escala nacional 25.9 por ciento de la población que se encontraba privada de la libertad en 2016 fue juzgada penalmente por algún delito de manera previa al proceso que determinó su reclusión actual, y 24.7 por ciento ya había estado recluida previamente en un centro penitenciario.

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