La explicación oficial del incremento del gasto militar en México son los altos niveles de criminalidad y violencia registrados en el periodo gubernamental de Enrique Peña Nieto. En el paquete económico 2018 se planteó un presupuesto acumulado de 191 mil 778.9 millones de pesos, superior en 146 por ciento al de 2017, este aumento incluye a la Secretaría de la Defensa Nacional, Gobernación, Procuraduría General de la República y, para la Secretaría de Marina, siendo esta última la más beneficiada, un presupuesto de 118 por ciento, mayor que el de 2017. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la seguridad es el tema prioritario en el paquete económico 2018.
También el Instituto Nacional Electoral (INE) fue privilegiado, dado que el incremento propuesto para 2018 supera en 166 por ciento al anterior, para llegar a más de 25 mil millones de pesos; a los partidos políticos les asignarían 6 mil 788 millones pesos para los procesos electorales del próximo año, comicios que prometen convertirse en “el gran outlet de votos”, sí, la compra de votos por el mejor postor, para perpetuar a los grupos en el poder y reproducir las condiciones de pobreza de las grandes mayorías.
Un gobierno que elige fortalecer los sectores políticos y las fuerzas militares, marca una ruta distinta a la búsqueda del desarrollo y el bienestar social, puesto que la pobreza y la precariedad no son superadas sin el incremento de la educación de alta calidad, así como el intensificar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, sobre todo en las Mipymes, que integran la estructura básica de la producción y el empleo del país, están llamadas a ser competitivas, para ello deben transformarse en empresas de base tecnológica.
Los presupuestos más bajos son para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), con 8.8 por ciento menos de presupuesto para 2018 respecto al que recibió en 2017, lo que empobrecerá más al campo. En igualdad de circunstancias se encuentran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y la Secretaría de Turismo (Sectur) con 8.7 y 5.8 por ciento menos.
Para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la propuesta presupuestal para 2018 es de 26 mil 925 millones de pesos, 68 millones menos que en 2017, lo que representa un estancamiento, ya que las necesidades y la inflación registran una tendencia creciente, estancamiento que se suma a los recortes que le aplicaron en 2015 y 2016, que conjuntamente representan 23 por ciento menos respecto al presupuesto asignado en 2015.
Los aumentos a áreas como salud (.09 por ciento) y educación (tan solo 2.9 por ciento) son totalmente insuficientes para recuperar los recortes anteriores, así como para atender la creciente demanda y las necesidades de reconstrucción por desastres naturales.
Este desdén hacia áreas estratégicas para impulsar el desarrollo puede explicarse al observar que la política de seguridad en nuestro país muestra, en décadas recientes, una persistente lógica de tácticas militares aplicadas a las funciones de Seguridad Pública en el Estado mexicano, según lo plantean investigadores como Sabina Morales y Carlos Ricart en su obra Más allá del gasto militar (2014).
La propuesta de incremento al presupuesto del gasto militar marca un cambio de paradigma, después de que nuestro país se ha caracterizado por ser una de las naciones que menos gasta en militarización, tal parece que la ampliación de la jurisdicción militar, que autoriza a sus elementos formar parte de la toma de decisiones e implementación de la política de seguridad; la ocupación de mandos federales, estatales y municipales de seguridad civil, además de la adopción de tecnologías de inteligencia y el uso de armamento y equipo para el combate al crimen organizado, han propiciado una aceleración al proceso de militarización en México.
Según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI, por su sigla en inglés) en 2012 México estaba en el tercer lugar en gasto militar, después de Brasil y Argentina. Sin embargo, llama la atención que en meses recientes, según el Banco Mundial, el país importó armas por 388 millones de dólares, lo que representa un incremento de 246 por ciento en material estrictamente bélico respecto al 2010, este volumen de compras sorprende a la comunidad internacional, sobre todo en Latinoamérica, dado que las naciones de la región han reducido en 38.6 por ciento sus importaciones de equipo bélico.
La pregunta obligada que se hacen numerosos expertos es: ¿Para qué adquirir armamento bélico cuando la Fuerza Armada mexicana está ligada a tareas de protección civil y auxilio?
El armamento adquirido no corresponde precisamente a fortalecer la capacidad del Ejército en materia de rescate de la población por catástrofes naturales Entonces ¿para qué son? No estamos en guerra, o ¿Peña Nieto se prepara para hacerle frente a Kim Jong-un de Corea del Norte? o ¿va a reprimir las protestas sociales que surgirán por los fraudes electorales de 2018? ¿Usted qué piensa?

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