Indemnizará EU a familia de asesinado

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Murió tras recibir golpes y descargas eléctricas

Los agresores eran agentes fronterizos en California

El gobierno de EU indemnizará con un millón de dólares a los hijos del inmigrante Anastasio Hernández para resolver el proceso legal que su familia inició hace seis años cuando el mexicano murió tras recibir golpes y descargas eléctricas por parte de agentes fronterizos en California.
El acuerdo, que aún debe ser aprobado por un juez federal, establece que la indemnización será dividida entre los cinco hijos de Hernández, mientras que se destinaría cerca de 25 por ciento para cubrir los gastos de representación legal, indica la solicitud presentada ante la corte del distrito sur de California.
Hernández fue detenido el 28 de mayo de 2010 cuando intentó reingresar a Estados Unidos sin documentos, fue trasladado a la antigua zona de deportaciones cercana a la garita de San Ysidro y el suceso se habría iniciado supuestamente porque el mexicano no acató la orden de poner las manos sobre la cabeza. En respuesta, agentes fronterizos arrojaron a Hernández al suelo, donde fue esposado y recibió una serie de golpes y descargas eléctricas que ocasionaron su muerte unos días más tarde.
En noviembre de 2015, el Departamento de Justicia optó por no presentar cargos criminales a 12 agentes federales, incluyendo supervisores, al determinar que no había evidencia suficiente para comprobar que actuaron con malicia. El cierre de la investigación federal derivó en que en marzo de 2016 activistas defensores de derechos humanos y familiares del indocumentado enviaran el caso para análisis ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un proceso que continúa pendiente.
Los abogados de los agentes involucrados habían presentado una apelación ante el noveno circuito, aunque finalmente se llegó a un acuerdo para poner fin a la demanda civil por homicidio culposo y uso excesivo de fuerza interpuesta hace siete años. Por lo pronto, se citó a una nueva audiencia a principios de marzo en la corte federal de San Diego, en la cual, se podría aprobar la resolución.

Dato

En marzo de 2016 defensores de derechos humanos y familiares enviaron el caso para análisis ante la CIDH

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