Indígenas acusan que reforma energética amenaza su supervivencia

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Ciudad de México.- El territorio de la comunidad indígena zoque, al norte de Chiapas, está plagado por seis proyectos extractivos que han amenazado sus 20 municipios en las últimas décadas, pero más a raíz de la reforma energética, aseguró uno de sus habitantes, Fermín Ledesma Domínguez.

“La amenaza más latente para nosotros es la reforma energética. En nuestro caso es por la Ronda 2.2 y los bloques 10 y 11”, aseguró durante un foro sobre los impactos de esa reforma implementada hace tres años.

A través de esta ronda se licitaron 10 municipios de la zona con una extensión de 84 mil hectáreas de tierra donde habitan zoques y tsotsiles en 40 ejidos.

Sin embargo, al no haberse realizado una consulta previa, libre e informada a la comunidad, los chiapanecos se organizaron para rechazar el proyecto.

El 22 de junio las autoridades energéticas “suspendieron por ahora” esta fase de licitación, narró Fermín.

El chiapaneco aseguró que a pesar de que es un derecho avalado internacionalmente, no hubo una consulta.

“No se presentaron los daños ambientales, no se basó al contexto cultural (sin traductor) y se suplantó a las autoridades tradicionales porque asignaron a los agentes rurales del ayuntamiento, no a las nuestras”, expuso.

A lo largo de diversas manifestaciones, los zoques han exigido el retiro de la licitación 2.2, el de las concesiones mineras y el derecho a la autoconsulta como herramienta de consentimiento y rechazo, lo que sería una alternativa a la realizada por la Secretaría de Energía (Sener).

Los otros proyectos extractivos que han dañado al territorio zoque, enlistó Fermín, es el ganadero; el hidroeléctrico (tres centrales desplazaron a 4 mil familias); el minero (11 concesiones en siete municipios incluyendo la minera Frisco de Carlos Slim Helú); el geotermoeléctrico y el extractivismo verde.

Manuel Llano, de la organización Cartocrítica, destacó que el Plan Quinquenal de la Sener, que expone las áreas a licitar, revela que 14.3 por ciento de la superficie terrestre considerada corresponde a pueblos indígenas, por lo que es un área potencialmente afectada.

Tan solo en la Ronda Cero, donde en 2014 se adjudicaron bloques de hidrocarburos a Pemex, viven más de 4 millones de habitantes principalmente en municipios de Veracruz y Tabasco, y el territorio de 13 pueblos indígenas está comprometido.

Aroa de la Fuente, de Fundar y Alianza Mexicana contra el Fracking, resaltó los cambios en el marco legal de la reforma energética para “facilitar” a las empresas a invertir en el sector energético, entre ellos, la utilidad pública. Es decir, la actividad de hidrocarburos “es prioritario” frente al territorio.

De la Fuente expuso que la reforma energética se hizo para el sector privado cuyas inversiones van contra los derechos humanos y el medio ambiente.

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