Aún estamos a tiempo de que la elección del fiscal anticorrupción se lleve a cabo de manera abierta, transparente, sin simulaciones ni elecciones a modo. De lo contrario, si empiezan a saltar vicios ocultos, trampas o procesos viciados, entonces de nada valdrá este mecanismo cuyo objetivo, como su nombre lo indica, es proscribir o al menos combatir el cáncer que corroe a nuestro país y sus instituciones. Por eso llama la atención la denuncia pública que ayer lanzó la diputada panista Mariana Bautista, quien acusó falta de transparencia de la junta de gobierno del Congreso de Hidalgo, porque simple y llanamente no ha querido hacer públicos los nombres de los 37 aspirantes a fiscal anticorrupción, esto cuando ya pasó una semana de concluir el registro. ¿Qué gana la junta de gobierno, presidida por la diputada María Pérez Perusquía, con ocultar los nombres? Todos sabemos que es un proceso de auscultación y por tanto quienes participan también deben estar conscientes que pueden o no resultar seleccionados, así que el posible argumento de no balconear a quienes no resulten electos no tendría fundamentos sólidos. Entonces, ¿para qué ocultar esos nombres? La propia legisladora panista subrayó que este proceso debe ser todo, menos una simulación. Esperemos que las principales fuerzas políticas en el Congreso local sean sensatas y no quieran oscurecer este proceso, vital para nuestro estado, que sigue sin tener alternancia en su Poder Ejecutivo. Si persiste este afán de ocultar, el daño será no solo para los hidalguenses, sino para el gobernador Omar Fayad, quien abanderó la lucha anticorrupción como uno de los objetivos centrales de su administración. De filón. Entendemos la dificultad de echar a andar estrategias ambiciosas contra la inseguridad tales como la instalación de mil cámaras de videovigilancia en calles de la entidad. Pero, ¿por qué lanzar esta infraestructura antes de que funcione? La ciudadanía bien podría confundirse, pero además desecharía el uso de los dispositivos al ver que no funcionan.

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