El anuncio de centralizar en la presidencia de la República a la estructura, que no política, de comunicación social del próximo gobierno federal, se ha vendido en diferentes escenarios, uno de ellos en términos de que así se contribuirá a combatir a la corrupción que ha implicado la preeminencia de los llamados grandes medios nacionales.

Es un terreno muy espinoso que nada tiene que ver con la añosa y soslayada máxima de que perro no come carne de perro, aplicable de periodista a periodista e incluso de periódico a periódico, cuando se evitaba hacer leña del vecino caído en desgracia y mucho menos emprender una campaña para desprestigiar o atacar al de la acera de enfrente, en esto del ejercicio periodístico.

Ocurre que una vez planteado ese objetivo –ya utilizado en tiempos de doña Marta Sahagún y en el gobierno poblano de Rafael Moreno Valle Rosas– de desaparecer a las oficinas de prensa como tales, despojándolas de la estructura de personal y servicios específicos de difusión y divulgación, como debiera ser, de la dependencia pública correspondiente, convirtiéndolas en oficinas de enlace, se han aventurado los más diversos escenarios imaginarios.

Uno de dichos escenarios alude a la desaparición de medios de comunicación y el advenimiento de una gran crisis que alcanzará a los reporteros, a la infantería que sufrirá el adelgazamiento de empresas periodísticas, radiodifusoras y televisoras, especialmente las que tienen asiento en la Ciudad de México, es decir, los llamados medios nacionales.

Y también implicará el fin del negocio de comunicadores que se erigieron en los grandes voceros del gobierno federal, considerándose líderes de opinión porque sencillamente se han encargado de ser punta de lanza de campañas de las que, casualmente, no difunden contenidos elaborados por ellos en sus medios.

En fin, no se descubre el hilo negro porque al final de cuentas el de la comunicación es un negocio en una economía de libre empresa, donde cada quien vende su voz y su oficio como mejor le viene en gana, aunque las buenas conciencias suelen llamarlos “chayoteros” y servidores del prianismo cuando son lacayos del mejor postor.

Olvidan que el principio de la comunicación carece de dueños y no es privativo de una u otra bandería, porque lo mismo, socialistas que capitalistas, comunistas que anarquistas, fundamentalistas y religiosos la utilizan para conseguir sus objetivos, difundir sus credos y lograr simpatías de la mano de las campañas de linchamiento popular.

Así que, señoras y señores, no esperemos que ese anuncio de la descentralización de la comunicación social en el gobierno que viene, vaya a cambiar el status de los fines. Cambiará, sí, y es lo que preocupa a quienes han amasado fortunas y creado espacios de impunidad y alfombras de canonjías, porque otros serán los vehículos para difundir lo que el gobierno quiera difundir.

Y, en ese otro punto, la economía de mercado aplicará sin duda más allá del pago para que no me pegues, porque los medios de comunicación, empresas como son, se aplicarán en difundir, publicar, ensalzar, prohijar, divulgar lo que consideren elemental y cobrarán, por supuesto, por lo que al gobierno intereses, toda vez que así lo habrá planteado el sector público al centralizar la comunicación.

Es un entramado de intereses que provocaron esa decisión, porque barrocamente se habrá partido de la presunción de que el control de la comunicación oficial y el reparto de la publicidad servirá en el esquema de modernos Catón y Torquemada, al distribuir beneficios presupuestales entre los que se portan bien y no cuestionan al gobierno y aquellos que se atreven a discrepar y señalar yerros, porque los de la llamada “prensa amarilla” o los filibusteros y mercenarios de la prensa mexicana tendrán que negociar en las alcantarillas, en aquellas donde se opera la guerra sucia de la comunicación.

Un punto, empero, que es de suyo preocupante, es el de los empleados, trabajadores de las oficinas de prensa o direcciones de comunicación social, que no son los menos en número ni descalificados profesionalmente porque la mayoría son profesionistas con estudios universitarios.

¿A dónde irá ese sector de la burocracia si los medios de comunicación entrarán en franco proceso de despidos una vez que los jugosos y millonarios contratos publicitarios se habrán ido al diablo?
Medida la distancia, descentralizar al sector público y enviar a dependencias federales a provincia, como centralizar a la estructura de la comunicación social, no puede partir de una idea de combate a la corrupción, cuando entraña el riesgo de prohijarla.

Dice un colega que, con eso de la centralización de la comunicación oficial, “literalmente López Obrador tendrá de rodillas a los medios de comunicación. ¿También a él, a ellos, a nosotros? Vaya despropósito de los que olvidan su nacencia profesional y en el boteprontismo aplauden lo que es apenas una propuesta y de la que desconocen contenidos.

¿Quién tendrá el control de los secretarios de despacho, desperdigados en el interior del país y dependientes, incluso, de los súper delegados especiales del presidente, junto con la ausencia de oficinas que divulguen las tareas, programas, proyectos y decires presidenciales? No es nada sencillo, ni puede ser producto del voluntarismo que se sustenta en el combate a la corrupción que solo requiere de la aplicación de la ley.

Es un tema del que nadie se puede sustraer. Nadie. Conste.

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