México y Estados Unidos de América suscribieron en 2008 un importante acuerdo de cooperación para contener el tráfico de drogas y el crimen organizado denominado Iniciativa Mérida (IM). Las opiniones sobre ese acuerdo se encuentran divididas; unas señalan que expresa el carácter impositivo de la política exterior estadunidense sobre nuestro país, mientras que otras posturas suponen que es un auténtico acuerdo para superar la ola de violencia que experimenta el territorio nacional.
Ambas perspectivas polarizan y no abonan en la comprensión a cabalidad de este acuerdo bilateral: ni es un proyecto impuesto, ni tampoco es la panacea para resolver el problema de inseguridad en México. Los matices sobre su origen y el destino del presupuesto son importantes para analizar la IM a casi 10 años de su creación.
El 17 de enero de 2007, los diputados estadunidenses Henry Cuéllar y Silvestre Reyes presentaron la Prosperous and Secure Neighbor Alliance of 2007, documento clave para lo que posteriormente se llamaría Plan México o Iniciativa Mérida. Desde su gestación y aprobación fue clara la autoría estadunidense de dicho plan, el gobierno en turno encabezado por Felipe Calderón solo atinó en rebautizarlo como “Iniciativa Mérida: un nuevo paradigma de cooperación en materia de seguridad”.

El presupuesto y su destino

Según información del portal de la embajada de EU en México, han concedido más de 2.3 mil millones de dólares de fondos asignados por el Congreso de Estados Unidos, de los cuales la Iniciativa Mérida ha entregado 1.6 mil millones de dólares en equipo y entrenamiento hasta 2017.
Los cuatro pilares que considera ese acuerdo bilateral son: 1) Afectar la capacidad operativa del crimen organizado, 2) institucionalizar la capacidad para mantener el estado de derecho, 3) crear la estructura fronteriza del siglo XXI y 4) construir comunidades fuertes y resilientes.
La mayoría de los recursos han sido focalizados a la compra de aeronaves, equipos de vigilancia marítima, en puertos internacionales y sistemas fronterizos de telecomunicaciones destinados a la Secretaría de Marina (Semar) y a la Policía federal (PF). En segundo lugar, el presupuesto se ha distribuido hacia la creación del nuevo sistema de justicia penal y mejora de academias de cinco estados del país. En tercer lugar, se ha transferido apoyo para el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría General de la República (PGR) para la detección de productos ilegales y la inspección aduanera en puertos y aeropuertos. Finalmente, los rubros que menos recursos han recibido ingresos son los referentes a los programas de reducción de la demanda de drogas, tribunales para el tratamiento de adicciones y el fortalecimiento de la cultura de la legalidad.
En lo que va del mandato de Donald Trump no ha habido declaratoria sobre la IM. Desde nuestra perspectiva esta partida ni siquiera recibirá amenaza porque es una correa de trasmisión para la supervisión de los estadunidenses sobre las corporaciones de seguridad mexicanas encargadas del combate al crimen organizado, que en muchos casos, se ha vuelto injerencista de la soberanía nacional por las tareas que realiza personal estadunidense en suelo mexicano y discriminatoria por decidir quién debe de laborar en las corporaciones de seguridad nacionales a través de sus dobles controles de confianza.

El principio de responsabilidad compartida

Al igual que muchos analistas hemos insistido en diversos foros que las negociaciones bilaterales con EU en materia política y comercial deben de ser entre iguales, con mucho mayor razón las militares y de seguridad. Todas las delegaciones mexicanas en el exterior deben de saber que el principio rector y fundamental de su labor es la soberanía nacional y que en un mundo de interdependencia compleja la responsabilidad de los problemas globales es compartida: el mayor mercado consumidor de drogas es estadunidense y las armas que han cobrado miles de víctimas en México también provienen de allá. Sobre esas premisas nuestro gobierno debe (re)negociar.

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