En 2011, el Congreso decidió cambios de alto impacto en la estructura constitucional del Estado mexicano, de tal suerte que el primer capítulo de la carta magna pasó de las garantías individuales a los derechos humanos y sus garantías (R Cordera 2017), el reconocimiento, claro solo en lo formal, de la paridad entre los derechos consagrados en nuestra Constitución, con los derechos reconocidos en los tratados internacionales, abriéndose así al derecho internacional.
En noviembre de 2005, en la segunda Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, la Asamblea General de la ONU hizo dos pronunciamientos: el primero declarando el acceso a Internet como un derecho humano, por ser una herramienta que favorece el crecimiento y progreso de la sociedad en su conjunto, además designó el 17 de mayo como el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, por lo que debe ser una prioridad de todos los gobiernos. En 2015, Barak Obama manifestó “hoy la banda ancha no es un lujo, sino una necesidad”.
La brecha tecnológica desfavorece a México, donde primero pretende criminalizarse a los usuarios antes que facilitarles el acceso, ¿recuerda usted la iniciativa de la ley Fayad? Mientras que en México tenemos un Internet con una velocidad de 1.49 megabytes, Corea del sur cuenta con 16.63 megabytes de velocidad de acceso; la brecha es muy ancha, lo que explica en gran medida la lentitud del Internet en todo el territorio nacional, en especial en las instituciones educativas.
México adolece de un marco jurídico robusto, para hacer del Internet un instrumento que apoye el desarrollo de la economía digital y hacer de las plataformas tecnológicas virtuales aliadas estratégicas, de los sectores social y productivo, facilitándoles el camino a la productividad.
Algunos organismos públicos desarrollan esquemas de vigilancia e inteligencia tecnológica, pero no se sabe cuál será su orientación, si se convertirán en armas para vigilar y criminalizar a la población y a las expresiones sociales de inconformidad, o serán herramientas que doten de información confiable y oportuna para la toma de decisiones estratégicas, tanto en la I+D+i, como en las empresas, sobre todo las Mipymes, respecto a qué tecnologías aplicar y qué productos llevar al mercado.
El reciente ataque cibernético afectó por lo menos a 500 usuarios corporativos en México, según informe de Kaspersky, pero la Policía cibernética mexicana indicó que no se habían detectado ataques, ¿usted a quien le cree? ¿Falta de capacidad tecnológica, de conocimientos o de voluntad? Ambas situaciones son lamentables.
El programa informático maligno conocido como Ransomware afectó al menos a organizaciones de 100 países, siendo Rusia el principal, sin embargo, Dmitry Bestuzhev de Kaspersky dijo que el ataque consistió en bloquear los servidores infectados para solicitar rescate por la recuperación de los archivos, pagadero en bitcoins.
El riesgo incrementa ya que el software malicioso se apodera de las computadoras dejando completamente vulnerable al sistema operativo ante la más mínima amenaza. El ataque afectó principalmente a los sistemas Windows, cifrando todos sus archivos y los de las unidades de red a las que estén conectadas, infectando al resto de sistemas Windows de la misma red.
Gustavo Chapela de Kio Networks comenta que los ciberataques aumentan a un ritmo de 48 por ciento anual, en México solo una de cuatro empresas cumple con prácticas internacionales de resguardo de datos, lo que impacta en el monto de las pérdidas, que suman 1.9 millones de dólares. Si bien es cierto que todo usuario de Internet es susceptible de ataques cibernéticos, los sectores más vulnerables son el financiero y el de salud, por ser organizaciones que manejan información más sensible y grandes volúmenes de datos.
Las Mipymes son altamente vulnerables dado que sus sistemas de protección son poco sofisticados, facilitando los ataques de los cibercriminales, por lo que la adquisición de tecnología debe estar siempre acompañada de una evaluación de riesgos y de una capacidad de respuesta integral.
El uso de Internet es un derecho que antes de criminalizarlo, pretendiendo frenar las críticas a las erróneas prácticas públicas, es menester dotarlo de una cultura de actualización de sistemas de seguridad, seguros anticiberataques, como la aplicación de prácticas internacionales y de una ética, pero sobre todo de una política que garantice a los usuarios que sus equipos tienen el soporte tecnológico y jurídico para hacer frente a los riesgos y desafíos de la economía digital. ¿No lo cree usted?

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