Invalida SCJN requisito de no antecedentes penales

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Resolvió que atenta contra la libertad de trabajo, comercio e industria

Ciudad de México.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la inconstitucionalidad de las normas que exigen como requisito no tener antecedentes penales para una actividad comercial o gubernamental.

“Sin hacer distinción o excepción alguna, viola los principios de igualdad y no discriminación establecidos en el artículo primero de la Constitución, al ser discriminatorio contra las personas físicas que cuentan con ese tipo de antecedentes”, resolvieron los ministros.

La SCJN resolvió que exigir dicho requisito tratándose de personas jurídicas o morales atenta contra su libertad de trabajo, comercio e industria, contenida en el artículo quinto constitucional.

Ello, al invalidar las fracciones primera, inciso D bis y segunda, inciso D, del artículo cuarto de la ley que regula a los agentes profesionales inmobiliarios en Baja California Sur, los cuales exigían ese requisito para obtener una licencia de agente profesional inmobiliario a personas jurídicas y físicas, respectivamente.

Por esas mismas razones, en otros expedientes el tribunal pleno invalidó el artículo 108, fracción cuarta, párrafo segundo, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, que establecía que para ser director general del organismo descentralizado de agua potable era necesario no tener antecedentes penales.

Asimismo, el artículo 80 tercero de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo, que establecía el mismo requisito para formar parte del comité de Contraloría social de esa entidad.

Por último, el pleno también reiteró que los congresos locales carecen de competencia para establecer como requisito para acceder a cargos públicos el contar con nacionalidad mexicana “por nacimiento”.

Así, declaró la invalidez del artículo 20 Bis, fracción primera, de la ley número 613 que crea el instituto veracruzano de las mujeres, donde se establecía como requisito para ser coordinadora del refugio estatal para personas en situación de violencia, el contar con la nacionalidad mexicana por nacimiento.

  • Para Hidalgo, descalificó un artículo de la ley de desarrollo social que establecía el mismo requerimiento para formar parte del comité de Contraloría social

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