Pachuca.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el decreto que contiene la reforma electoral de Hidalgo debido a la falta de consulta a las comunidades indígenas, así como por no cumplir adecuadamente con los protocolos de convocatoria a los foros convocados por el Congreso del estado.

En un comunicado de prensa emitido ayer, la SCJN dio a conocer que resolvió la acción de inconstitucionalidad 108/2019 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y su acumulada que ingresó el partido local Más por Hidalgo contra dicha reforma que modificó el código electoral del estado.

En ese sentido, el máximo órgano judicial dio a conocer que el proceso legislativo violó el derecho humano a una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, el cual está establecido en el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.

Además, para el pleno de la SCJN las actividades que realizó el Congreso local a manera de consulta el 5 de agosto tuvieron múltiples deficiencias, entre ellas, no respetar el plazo entre la convocatoria y la fecha del ejercicio, así como la falta de comunicación constante.

Además de que no entregaron de manera oportuna la información, no dieron la participación de todos los pueblos indígenas de la entidad y no hubo intervención del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el correspondiente del estado.

Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto que contiene la reforma electoral aprobada el 29 de agosto y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 9 de septiembre y la sentencia surtirá efecto al día siguiente de que concluya el proceso electoral de 2020.

Rechaza tribunal solicitud del IEE

También en materia de comunidades indígenas, ayer el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) consideró infundada la petición que ingresó el Instituto Estatal Electoral para conocer más detalles sobre su competencia en la implementación de un catálogo de comunidades indígenas.

  • El proceso legislativo violó el derecho humano a una consulta previa, libre e informada hacia las comunidades indígenas
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