A diferencia de otras naciones donde la ley se respeta y aplica, en México la justicia es abiertamente burlada por “presuntos” delincuentes debido a la “incapacidad” y “falta de preparación” de los fiscales, a quienes en la mayoría de las veces se les “desmoronan” casos por falta de pruebas para sustentar sus acusaciones, como ocurrió el pasado lunes con el exgobernador priista de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, quien podría mofarse de la Procuraduría General de la República (PGR) tras ser extraditado de Guatemala para responder por los delitos que le imputa.
Dado el alto grado de corrupción que impera en el país, no sería descabellado pensar que la “ineptitud” manifiesta de los fiscales de la PGR que encabeza el también priista Raúl Cervantes Andrade sea “deliberada” para evitar que Duarte de Ochoa “cante” todo lo que sabe sobre sus complicidades con altas esferas del actual gobierno de Enrique Peña Nieto (quien por cierto no hay que olvidar viajó a Guatemala cuando Duarte fue detenido apresado en esa nación centroamericana) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su partido.
Llama la atención que del PRI han emanado 10 exgobernadores, entre ellos Javier Duarte, que tienen que rendir cuentas por la presunta comisión de delitos contra la salud, lavado de dinero, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, peculado, desvío de recursos, venta ilegal de terrenos del patrimonio estatal, delitos electorales, encubrimiento, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Cuando la delincuencia se institucionaliza, los más afectados resultan los ciudadanos, ya que son ellos quienes pagan las consecuencias de las transas de la cleptocracia que hoy padecemos y que muchos aguantan por su indiferencia, ya que están más interesados en banalidades del mundo deportivo y de la farándula que en los temas que les afectan.
Pero regresando al insólito caso de Javier Duarte, los fiscales de la PGR hicieron un “oso” descomunal ya que le imputaron el lavado de más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos, pero en la audiencia inicial del caso (el pasado lunes), ante el juez federal de control adscrito al palacio de justicia federal en el reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, quien otorgó la orden de aprehensión en contra del exgobernador, solo pudieron explicar con datos la salida de 38.5 millones de pesos de la Secretaría de Educación de Veracruz.
De acuerdo con las crónicas periodísticas, las inconsistencias en los señalamientos de la PGR llegaron al punto en que el juez señaló a los fiscales de exponer datos “incongruentes”, e incluso les hizo ver que las cifras se contradecían directamente con las que la propia procuraduría le había proporcionado hace unos meses, cuando le solicitaron la orden de aprehensión.
Cuando el avezado abogado de Duarte, Marco del Toro, y el mismo exgobernador exhibieron la falta de preparación, incapacidad y desinformación de los fiscales de la PGR cuando hicieron más de 20 preguntas respecto a la imputación, como es su derecho para poder armar una defensa adecuada, ya que los acusadores cayeron en varias dudas, que luego se convirtieron en fallas y contradicciones.
Ante la incapacidad e impreparación de los fiscales de la PGR, el abogado Marco del Toro manifestó sin rodeos al juez: “Está claro que el caso se está desmoronando en estos momentos”, a lo que el juzgador concluyó: “Los números no cuadran, eso está claro”.
No sería la primera vez que a la PGR se le “desmorona” una acusación, pero lo que llama la atención es que siempre que hay expriistas involucrados en delitos cometidos contra las arcas públicas y sobre todo cuando los imputados “poseen información comprometedora” para las altas esferas del poder, en la mayoría de las veces los casos se caen por “incapacidad” de la procuraduría.
Dadas las complicidades que existen, la justicia en México es prácticamente inexistente y por eso los delincuentes de “cuello blanco” o institucionales, casi siempre logran burlar la cárcel, conservar bienes y fortunas mal habidas por la “incapacidad” deliberada y/o natural de los fiscales de la PGR.
Por lo pronto, Duarte va de gane. La juez primero de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo, suspendió momentáneamente dos órdenes de aprehensión que existían en su contra por los delitos de peculado, coalición, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias. Como van las cosas, a lo mejor la PGR tenga necesidad de ofrecer una disculpa pública al exgobernador Veracruzano, quedando impunes las muertes de periodistas, los millonarios desvíos de recursos públicos y las “quimioterapias” de agua aplicadas a enfermos de cáncer.

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