La iniciativa del jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera, del PRD y Morena para legislar en materia de un gravamen a la plusvalía de la vivienda en la capital del país, tiene un alto condimento electorero que entraña la básica mecánica de joder al vecino y cómo impulsar en el Congreso Constituyente una puntada.
Por supuesto, la reacción de los capitalinos y de las dos principales fuerzas políticas de México reaccionaron, como era obligado, frente a ese asunto que nos imagina la praxis de Antonio López de Santa Anna en la aplicación de impuestos inverosímiles, como el de gravar el número de ventanas, balcones y puertas de las viviendas en México.
Las urgencias de recursos obligaban a esa exagerada condición tributaria que, por supuesto, fue rechazada por los mexicanos de aquellos días, sin duda no por aquellos miserables que no eran dueños de las casas en las que vivían, pero que sí afectaba a clases medias, altas y bajas que contaban con algún inmueble.
Impopular, sin duda, López de Santa Anna nunca pudo consolidar esos impuestos. Pero, si en la época decimonónica fallaron tendencias impositivas para alimentar las arcas públicas, hubo espacios en la primera mitad del siglo pasado para encauzar un sistema tributario que arrastramos hasta los tiempos actuales con todo tipo de mecanismos para sangrar al causante cautivo.
ISR, IVA, IEPS y otros impuestos allegan recursos de manera constante al erario federal y estatal. Pero, son impuestos que, sin duda, tienen un fundamento como el predial. Pero eso de los nuevos impuestos, y más cuando se trata de verdaderas puntadas populacheras y electoreras, simplemente llaman a algo más que risa y pueden costar el futuro político de quienes las impulsan.
En este caso, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México retiró la propuesta de cobrar un impuesto a la plusvalía de los inmuebles porque, amén de inquisitoria y electorera, le ganó en poco tiempo el rechazo general; reitero, quizá no de quienes han pasado a formar parte de la clientela electoral de Morena y del PRD, que en buena parte carece de propiedades y, por ende, están exentos de ese tributo.
Y mire usted, la triada Mancera-PRD-Morena dio elementos para que el PAN y el PRI montaran una campaña para descalificar aquella pretensión tributaria tipo Santa Anna.
Veamos. Por ejemplo, el dirigente nacional del PRI Enrique Ochoa Reza dijo que el partido garantizará el derecho a la propiedad privada en México y rechazó a la propuesta impulsada por el PRD, Morena y Mancera en la Ciudad de México, “que busca afectar el patrimonio y la plusvalía”.
¿Quiere batalla partidista y electorera el PRD junto con Mancera y Morena? Pues ya la tienen desde ayer, porque Ochoa Reza llamó a cerrar el paso a ese tipo de propuestas por considerar que “solo pretenden despojar a los particulares del legítimo derecho que tienen del uso, goce y disfrute de sus bienes inmuebles”.
Y adelantó que él garantizará que en ningún otro estado de la República se pretenda aprobar una propuesta similar como la que ahora se ha presentado por el PRD y Morena, y se está discutiendo en la elaboración de la primera Constitución de la Ciudad de México.
Y para que quede claro el tamaño de la ofensiva priista en este tema, sin duda alguna electorero, Ochoa Reza urgió: “Debemos cerrarle la puerta a este tipo de propuestas que solo pretenden despojar a los particulares del legítimo derecho que tienen a disfrutar de la plusvalía, al comprar y vender un bien inmueble”.
Cualquier propuesta de ese tipo, advirtió Ochoa Reza, es insostenible en un régimen democrático. Las medidas que combatan la desigualdad deben existir, pero sin afectar el derecho a la propiedad privada.
En tanto, el PAN en la Cámara de Diputados sostuvo que la propuesta para que el gobierno de la Ciudad de México se quede con la plusvalía de las viviendas, “aniquila el mercado inmobiliario”.
En voz del diputado federal Jorge Triana Tena, la bancada del PAN consideró que se carga un nuevo impuesto a la ciudadanía, lo cual significa un embargo a la plusvalía inmobiliaria y un atentado a la propiedad privada.
“Presenta serias deficiencias de carácter constitucional, porque (los ciudadanos) ya están pagando un impuesto al predial y hay un catastro de por medio. Es una doble tributación de carácter inconstitucional”, explicó.
Recordó que Miguel Ángel Mancera Espinosa pidió el martes a la Asamblea Constituyente retirar el artículo 21 inciso C numeral siete del proyecto de Constitución capitalina, que propuso, para evitar confusiones, ya que “no se creará ni cobrará ningún nuevo impuesto” en materia de vivienda.
Pero la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, en la que se establece la aplicación de mecanismos para la captación de plusvalías generadas por las acciones urbanísticas.
Explicó que lo de la plusvalía significa que, por conceptos de mejoramiento urbano de parte del gobierno de la Ciudad de México, si se aumenta el precio de un inmueble, este remanente de precio podrá ser embargado y captado por el gobierno de la capital.
Sin duda, la triada que impulsó ese impuesto –se quede o no, se aprueba y concrete o no– simplemente aportó elementos electorales al PRI y al PAN. Y todo por querer joder al vecino con un impuesto impopular. ¿O fue lapsus? Conste.

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