Inicia 2017 y seguimos viendo que los tolucopachucócratas son pródigos en dislates, inoportunos hasta en sus ocurrencias, lamentables en despropósitos, voraces en los “bisnes”, bonos y moche$… y sanguinarios contra la sociedad. Atentan sobre su propia y obligada gobernabilidad. Su sistemita sin manual de procedimientos, rumbo ni ritmo es lamentable en extremo en el uso de esos artificios de ocasión. Son erráticos y patéticos en grados y niveles extremos.
Como no tienen sustento ideológico ni respaldo popular, los aparatos de gobierno llegados al poder por el azar, responden casi siempre con bastonazos de ciego a los reclamos de la población. Nunca miden las consecuencias de sus impromptus. Ellos creen que atinan cuando lanzan golpes al aire, aunque sean letales contra sus propios intereses. El megagasolinazo es solo un ejemplo. El más reciente. Quizá el letal.
Adoptan, por lo general, medidas lacerantes, lances desafortunados y sangrientos al estilo de la “guerra contra el narcotráfico” del calderonato, del desgastado “bono democrático” del foxismo o las reforma fiscal y energética, regresiva una, abusiva la otra, ambas del peñato. Todo es para cubrir apariencias, para demostrar una fuerza inopinada, que a la postre son puras balandronadas de “estadistas” fallidos.
Muy aplaudidos en su momento por los mentecatos de la gradería o por compañeros de aventura política que ven en dichas medidas su salvación y permanencia, pero cuando se percatan de las consecuencias, si es que alguna vez lo hacen, es demasiado tarde para dar marcha atrás. El daño ha sido hecho.
Ya nos han condenado a la miseria

Cuando se dan cuenta, han acabado con el país, traicionado los principios fundamentales de la convivencia, ensangrentado todos sus caminos, enfrentado a sus gobernados. Arrasado con el pueblo, condenándolo al sufrimiento, a través de la masacre, la rapiña y la miseria.
Los peores son aquellos que están impedidos para gobernar. Ante el rechazo de la población a sus medidas, utilizan la venganza como razón de Estado. Se vuelcan contra los peticionarios de justicia, aplicando en contra innumerables mecanismos de represión administrativa y judicial para hacer valer sus posiciones.
La ley del garrote, la postura pueril de la amenaza, en lugar del consenso, o cuando menos, del convencimiento o de la persuasión.

Y todavía culpan a los que exigen

Sus políticas, de alguna forma hay que llamarles, no tienen un ápice de aspectos preventivos, carecen de prospectiva y de permanencia. Pertenecen al grupo de lo peor: son solo disuasivas. Reaccionan visceralmente ante el reclamo razonado. Culpan a los que exigen, como si fueran los responsables de su falta de discernimiento.
Lo que, por ejemplo, sucedió a mediados de 2016 en el ignorante y feroz atropello normativo y político a los empresarios reclamantes de la aprobación de las siete leyes del mentado Sistema Nacional Anticorrupción, no tiene paralelo, salvo en épocas de las gavillas revolucionarias, cuando estas ejecutaban a los negociantes y hacendados que se rehusaban a cooperar con la causa.
La cooperación forzada a un improperio gubernamental es represión. Llámenle como le llamen. Es inaudito, en épocas de paz, que se recurra a la intolerancia y a la represión, por obra y gracia de las fallas del Estado. Si los miembros de la Coparmex salieron a las calles a exigir con un “Basta a la corrupción”, están en su legítimo derecho.
No debió responder la tolucopachucracia con semejante ridículo legal. Si pidieron que, de una vez por todas se aprobaran las leyes que prometió Peña Nieto en su excusa por la incapacidad de no aclarar ni jota de la masacre de la montaña guerrerense, el Estado no puede responder enjaretándoles una obligación que no les corresponde.

¿Anticorrupción? Solo una mala broma

Solo un Estado policial, nada más un régimen despótico o un liderazgo totalitario puede exigir que los miembros de la iniciativa privada que laboran en los territorios sojuzgados sean obligados a presentar sus declaraciones fiscales, patrimoniales y de conflicto de interés. Fue un gazapo tamaño caguama.
Olió a venganza de la peor ralea, del más corriente jaez, querer aplicar a los empresarios, que no reciben dinero del erario público para ejercerlo, la ingenua –a pesar de lo que se diga en contra– ley 3de3, que, como todo en este país, también nació de una ocurrencia panfletaria de foristas televisivos, algunos de ellos financiados por fundaciones extranjeras de reconocida y putrefacta calaña.
Fue una trampa vulgar y una perversión macuarra. Trampa, en cuanto usaron el garlito legislativo para cubrir las deficiencias de una iniciativa remendada que los legisladores de pacotilla desnaturalizaron para hacerla aparecer como la original. Excluyeron a los consanguíneos de los fruncionarios, y después quisieron incluir a quienes protestaron por la maniobra distractora.
Perversión macuarra, en tanto trasladaba a la iniciativa privada, y por ese camino a todos los mexicanos, una obligación de transparentar recursos, de rendir cuentas, que está dirigida a los empleados públicos para mitigar los altísimos niveles de corrupción de tolucos y pachuquitas.
De ninguna manera a los demás mexicanos, que en teoría y práctica, somos sus patrones ante quienes deben rendir cuentas, no sus paniaguados para forzarnos a cumplir leyes que ellos se rehúsan a cumplir. Hasta Margarita Zavala, la dama del rebozo mordido y arrastrado, esperanzada en el apoyo político de Los Pinos, declaró que ella jamás cumpliría con esa responsabilidad. Finalmente hace poco la efectuó.

Payasadas legaloides de la tolucopachucracia

Parece que en todos lados conocen los fundamentos jurídicos del sistema político mexicano, menos en Los Pinos ni en las cámaras de diputados y senadores, donde deberían saberlos al dedillo. Están hechos un mar de confusiones, un desierto de ignorancias, una cueva de paranoicos.

No votes yet.
Please wait...

Comentarios

SHARE
Artículo anteriorArde la Pachuca-Actopan
Artículo siguientePintarrajear a mi país
Columnista político desde 1977. Comentarista radiofónico y de televisión. Publica su columna “Índice político” en 47 medios de comunicación de la República mexicana y tres de Estados Unidos. Apunta con el Índice, pero también propone.