¿Sabías qué?

Al momento de darse el cambio de poderes en el interior de los estados se realiza generalmente el cambio de los funcionarios públicos, por lo que es indispensable que al tomar posesión del cargo realicen protesta o juramento. En los primeros textos constitucionales de México se trataba de un juramento religioso y la obligación de cumplir y la Constitución se elevaba ante la divinidad. La reforma impulsada por el grupo liberal triunfó en la Guerra de Reforma y logró la separación de la iglesia y el Estado que los moderados habían impedido en la discusión de la Constitución de 1857. El juramento, con la connotación religiosa, fue modificado por la protesta.

La Ley sobre la Libertad de Cultos expedida por Benito Juárez consignaba el cese de la obligación legal de jurar la observancia de la Constitución y el buen desempeño de los cargos públicos. La iniciativa estableció que el juramento sería remplazado por la promesa explícita de decir verdad en lo que se declara y de “cumplir bien y fielmente las obligaciones que se contraen”. En los términos aprobados únicamente se podía protestar, guardar y hacer guardar la Constitución ante el Congreso y, por otra parte, el término de juramento cambió, con las implicaciones religiosas que conllevaba y se incorporó el de protesta. Se amplió además el catálogo de disposiciones objeto de la protesta, incluyendo las reformas y adiciones a la Constitución, las leyes de Reforma y las demás que emanaran del código máximo de la nación.

La realización de ese acto era llevada a cabo ante diferentes órganos de gobierno, ya que la forma de organización de cada uno era distinta, además dependía de cada funcionario. La protesta de los funcionarios públicos resultó en un acto solemne, en el que se comprometieron dentro del cargo a cumplir con la Constitución Política y las leyes del país, actuando en todo momento por el bienestar de la nación. De esa forma, la protesta o juramento de los funcionarios públicos lleva consigo cierto grado de solemnidad, se realiza en los distintos órganos del Estado, encargados de velar por el buen comportamiento de los servidores públicos. Pronto la figura adquirió mayor relevancia, si nos enfocamos a que en la mayoría de las entidades está establecida la Ley Suprema.

Resulta interesante conocer cómo se realiza la protesta de los funcionarios públicos para poder analizar la diferencia que existe con la protesta del Poder Ejecutivo y por lo tanto, reconocer las implicaciones jurídicas y políticas de cada una.

La Constitución establece en el artículo 128 que todos los funcionarios públicos sin excepción alguna, antes de tomar posesión de cargo deberán prestar la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

La protesta sin duda significa un acto relevante, formal y protocolario que debe rendir todo funcionario público y ha adquirido un valor cívico importante. Tiene connotaciones metajurídicas en tanto contiene una carga emocional, como el acto de jurar, de comprometerse pública y solemnemente a ajustar el actuar ante el orden jurídico.

No obstante, la obligación de los gobernantes de cumplir con la Constitución y las leyes como algo inherente al cargo, independientemente del acto protocolario de protestar el cumplimiento de las normas, el acto mismo de jurar o protestar la Constitución, o dejar de hacerlo, tiene efectos constitucionales, legales y políticos relevantes.
“En política no hay casualidades, solo causalidades”
¡Usted qué opina!

Juan García Lastiri (investigación)

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