De recurrente uso en el discurso de campaña, objeto de programas que solo engordan a la burocracia y elemento de los partidos políticos que apuestan al bono juvenil para allegarse votos en procesos electorales, como ocurrió en el caso de Vicente Fox, cuyo triunfo se atribuye al sufragio juvenil que se volcó en las urnas y, desde aquel sexenio del folclor mexicano, no resolvieron sus problemas de empleo y oportunidades hasta convertirse hoy en una suerte de adultos que fueron engañados.
Hoy las calles suelen llenarse de manifestantes de diversa ideología y contrastante demanda entre buenos y malos, ricos y pobres, pirrurris como les llama Andrés Manuel López Obrador y los normalistas y universitarios y politécnicos que exigen espacios de trabajo, unos como una especie de normatividad revolucionaria y otros en la garantía de tareas remuneradas en el tamaño de sus conocimientos y aportaciones al desarrollo del país.
Por ello, es evidente que los programas encaminados a dar oportunidades a la juventud mexicana, de todos los estratos sociales, han fracasado porque solo un mínimo porcentaje de estos han logrado escalar en diversas especialidades, incluso en la política que ha demostrado ser una caja de sorpresas porque algunos de estos jóvenes gobernadores resultaron verdaderos pillos. En fin.
Esta situación que enfrenta la juventud mexicana la abordó ayer el diputado federal perredista Rafael Hernández Soriano, secretario de la comisión de derechos de la niñez.
El legislador dijo que es urgente colocar como prioridad la perspectiva de desarrollo y garantizar los derechos plenos de la juventud mexicana ante la incapacidad de atender a ese sector que representa a 30 por ciento de la población.
“Nuestro país (dijo Hernández Soriano) ha sido incapaz de adoptar las medidas legislativas, administrativas y de política pública necesarias para garantizar el ejercicio y goce efectivo de sus derechos humanos, sociales, económicos, políticos, culturales y medioambientales que aseguren su bienestar y formación integral, en condiciones de igualdad y seguridad.”
Por eso convocó a todos los sectores a enriquecer la iniciativa que permita al país contar con la Ley General de Inclusión, Participación y Desarrollo Integral de las Juventudes.
¿Cuál es el riesgo? Dilapidar el bono de la juventud si se ignoran los esfuerzos para garantizar a ese sector mejores perspectivas de desarrollo y garantizar el ejercicio de sus derechos.
Hoy, sostuvo el diputado federal, “ser joven en México es sinónimo de pertenecer a un sector socialmente invisibilizado, políticamente ignorado, reprimido o criminalizado, económicamente relegado y normativamente olvidado”.
Y dio cifras respecto de la situación de jóvenes mexicanos: 51 por ciento sufre algún grado de pobreza; 52 por ciento tiene nivel de escolaridad de secundaria o menor; más de 25 por ciento vive en hogares que presentan algún grado de inseguridad alimentaria. Incluso el programa de la ONU para el desarrollo reveló que en México más de 11 millones de jóvenes de entre 15 y 19 años enfrentan violencia e integración en pandillas.
Ese informe advierte que 37 por ciento ha sufrido algún tipo de violencia en planteles educativos; 21 por ciento de estudiantes aceptó haber ingresado algún tipo de arma; 53 por ciento admitió pertenecer a pandillas en calles o colegios.
Y la tasa de mortalidad a partir de 2008 aumentó hasta llegar a cuatro muertes por cada 100 mil habitantes en 2012, la más alta en la última década; respecto de los jóvenes de entre 15 y 17 años aumentó el suicidio con una tasa que casi se triplica en los últimos cinco años pasando de 5.3 por cada 100 mil habitantes en 2007 a 16.3 en 2012.
Y, bueno, en materia de oportunidades, de quienes reportaron tener una ocupación solo 61.7 por ciento desarrollaba una actividad dentro del sector formal; 67 por cierto no recibe remuneración o recibe hasta dos salarios mínimos y solo 23 por ciento de 14.3 millones de jóvenes que declaró tener empleo tiene derecho a solicitar un crédito para vivienda.
Un dato más: al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Desarrollo Social informó que 36 por ciento de los delitos reportados en México son cometidos por jóvenes de entre 12 y 25 años, escenario que debe cambiarse a base de mayor atención y opciones reales para su desarrollo. Más de lo mismo, siempre lo mismo. Dilapidar el bono joven como se dilapida el democrático y la esperanza de quienes creen que aún es tiempo. ¿Jóvenes el futuro de México? Conste.

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