El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tiene más de fondo que el cambio de sede, incluso más allá del mensaje a los empresarios neoliberales que protestan y buscan, junto a políticos hermanados en los negocios turbios, desgastar al nuevo gobierno que está por entrar en funciones.

El 27 mayo de 2015 fue reformada la Constitución para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pero fue hasta el 18 de julio de 2016 que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción fue publicada en el Diario Oficial de la Federación; a la fecha, Peña Nieto no ha nombrado al fiscal correspondiente, congelando así el SNA. ¿Por qué?… ¿Será porque hay funcionarios del régimen de Peña Nieto que deben ser sometidos a investigación?

Una política pública conlleva procesos complejos y multidimensionales, y en materia de anticorrupción muestran aun mayor complejidad, porque es de aplicación transversal, según explica la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En el ranking de corrupción, ocupamos el lugar 29 de 180 países, donde cero es el más corrupto, o sea, México es de los más corruptos.

La impunidad favorece a la delincuencia en las calles, así como a la alta criminalidad y los feminicidios; en esta condición están casos como la casa blanca y la de Malinalco; en lo económico están los desaseos de OHL, Odebrecht y claro, el nuevo aeropuerto.

En 1995, el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la empresa Asesores del Medio Ambiente realizaron un estudio de factibilidad ambiental, del cual resultó que Texcoco era el peor sitio para un nuevo aeropuerto, ya que presentaría el mayor número de impactos adversos para el entorno del Valle de México.

Ese estudio coincidió con el informe de José Luis Luege Tamargo, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la época de Felipe Caderón, pues explicaba que el principal riesgo de construir el NAICM en Texcoco eran las inundaciones y el hundimiento en muchas zonas de la Ciudad de México, como en los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl, dada la carencia de los drenes necesarios.

No obstante, Peña Nieto anunció en septiembre de 2014 la construcción del NAICM en Texcoco, con un costo de 169 mil millones de pesos, en más de 4 mil 626 hectáreas; la opacidad y los turbios negocios de políticos coludidos con empresarios fue lo que distinguió a ese proyecto faraónico, cuyo costo ya ascendió a 209 mil millones de pesos.

Fue una decisión presidencial antidemocrática, que no tomó en cuenta a la población de la cuenca del Valle de México.

Gran parte de la inviabilidad es lo inadecuado del terreno, pues el agua está a medio metro de profundidad; existe una capa de arcillas blandas con un espesor de entre 12 y 40 metros, que lo hacen totalmente inestable, magnificando los sismos. Además, estiman que se requieren más de 35 millones de metros cúbicos de materiales para nivelar el terreno y la fuente de suministro serían los bancos mineros localizados, ya concesionados, de los municipios de Chimalhuacán, Ecatepec e Ixtapaluca.

Asimismo, cinco comunidades de Teotihuacán demandaron se detenga la extracción de materiales pétreos de la mina de Temeyo, localizada en el cerro de Ocuilán, ya que se ha propiciado una devastación ecológica, afectando a más de 100 viviendas.

El NAICM no es más que una evidencia del modelo económico neoliberal, que se expresó en una apertura de nuestra economía a los flujos del comercio y del capital internacional, como a la casi eliminación del Estado mexicano como inversionista y productor directo, generándose una competitividad sustentada en el salvaje empobrecimiento laboral, hostil al trabajo de los mexicanos y favorable al capital, sobre todo al extranjero; las ganancias generadas no permearon a la población que vio incrementar su pobreza.

La corrupción llevada a niveles extremos ha sido el instrumento idóneo para acallar la falta de políticas activas en favor de un empleo decente y un salario digno que disminuyeran la infame desigualdad.

Si la corrupción y la impunidad han sido las aliadas de un modelo económico depredador, la anticorrupción, como ingrediente estratégico de una política económica con sentido social, es imprescindible. ¿No lo cree usted?

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