Incapacidad de servidores públicos, proyectos endebles o falta de conocimiento de la normativa presupuestal. ¿Cuál (es) de estas tres hipótesis resumen la posibilidad de que el gobierno de Hidalgo devuelva a la federación 95 millones de pesos? Subejercicios, exceder el monto autorizado para pagar deuda pública y obra que no era financiable con los fondos federales, son parte de las irregularidades del gobierno de Hidalgo en el ejercicio 2016. En la edición de hoy el periodista Víctor Valera entrega una información que pone en tela de juicio la responsabilidad financiera de la pasada administración, y cuyas omisiones embarran al gobierno de Omar Fayad. Para poner en contexto: la reforma anticorrupción modificó la entrega anual de auditorías a la Cámara de Diputados, luego que el 30 de junio la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el primer análisis de informes individuales correspondientes a la fiscalización superior de la cuenta pública 2016 y una parte de 2017. El objetivo es que la auditoría proporcione información a los diputados federales para que cuenten con una mayor fundamentación técnica a las discusiones en torno a la fijación del presupuesto federal. En el caso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativa (FAFEF), por ejemplo, la ASF detectó un subejercicio de 19 millones 907 mil pesos al 31 de marzo de 2017 cuya aplicación está pendiente por ejercer, lo que originó que la población objetivo no recibiera los beneficios programados. Las reglas del FAFEF permiten utilizar este fondo en nueve acciones, entre estas: la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas. Pero este escenario no es nuevo para Hidalgo, la octava entidad más pobre, con alto grado de rezago social, y sumida en seguridad social para sus habitantes (carente 69.2 por ciento de la población), según el Coneval 2015. De acuerdo con el programa operativo anual 2013 de la otrora Secretaría de Planeación, hasta el primer trimestre de ese año el estado no ejerció 94.7 millones de pesos en obras y acciones etiquetadas en los periodos 2011 y 2012. Algunos trabajos estaban en ejecución y otros ni siquiera habían iniciado. Una obra que hasta esa fecha no arrancaba era la construcción de la segunda etapa de cuartel militar de Tulancingo, con inversión de 2 millones de pesos. El presupuesto que no ejerció en su totalidad el Poder Ejecutivo en 2011 ascendió a 42 millones 429 mil pesos, correspondiente a programas de educación, desarrollo social, agricultura y abasto de agua. Respecto al ejercicio fiscal 2012 el gobierno de Francisco Olvera Ruiz no aplicó hasta el primer trimestre del año posterior 52 millones 318 mil pesos, derivado de 21 proyectos inconclusos. Actualmente, con 54.3 por ciento de habitantes en pobreza, el gobierno de Hidalgo está en riesgo de reintegrar 95 millones de pesos en caso de no comprobar su correcta aplicación, de los cuales hasta el momento ya devolvió 3 millones. De filón. Por si no fuera poca la saturación de los juzgados, a pesar del cuestionado Nuevo Sistema de Justicia Penal, el PAN en el Congreso local busca tipificar la discriminación como delito.

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