¿Sabías que?

La autonomía universitaria surge con la reforma al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 9 de junio de 1980 en el Diario Oficial de la Federación al disponer en su fracción séptima que dice:
“Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere…”
La fracción en comentario enumera las características de la autonomía universitaria y precisa algunos aspectos de las relaciones laborales en las universidades públicas autónomas.
Así, las instituciones educativas gozan de autonomía para gobernarse a sí mismas, dicha característica permitió que estas instituciones cumplan con los fines de educar, crear, investigar y difundir la cultura con mayor libertad. Por tanto, las instituciones de educación superior tienen la potestad de diseñar sus planes y programas educativos; especificar los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrar su patrimonio. Sin embargo, esta prerrogativa no significa una excepción al cumplimiento del orden jurídico nacional.
Las universidades son la conciencia crítica del país, en donde se examinan y conviven todos los pensamientos y todas las ideologías. Estos aspectos influyen en el sistema político y en el propio Estado.
En una democracia nadie puede ser irresponsable, menos quienes manejan recursos públicos.

Martín
Un momento importante en la historia del derecho de la información en México y sobre todo para la rendición de cuentas, tuvo lugar a partir del 11 de junio de 2002, fecha en la que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En ésta se definieron criterios relevantes sobre el acceso a la información en la administración pública federal, más no limitándose únicamente a ella, sino que también señaló algunas obligaciones para otros órganos del Estado, entre los que se encuentra el objeto de esta investigación: las universidades públicas. Con la implementación de esta ley se instituyó como órgano garante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), órgano encargado de velar por que los servidores públicos atiendan las solicitudes de información hechas por los ciudadanos. Por lo tanto, también de la rendición de cuentas.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su artículo séptimo, señala cuáles son las obligaciones de transparencia para todos los sujetos obligados.
Por lo tanto, las universidades públicas tienen la correlativa obligación de poner a disposición del público la información referente a:
I. Su estructura orgánica.
II. Las facultades de cada unidad administrativa.
III. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes.
IV. La remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes.
V. El domicilio de la unidad de enlace, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información.
VI. Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos.
VII. Los servicios que ofrecen.
VIII. Los trámites, requisitos y formatos. En caso de que se encuentren inscritos en el registro federal de trámites y servicios o en el registro que para la materia fiscal establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberán publicarse tal y como se registraron.
IX. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto.
X. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que realicen, según corresponda, la Secretaría de la Función Pública, las contralorías internas o la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
XI. El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio.
Así como los padrones de beneficiarios de los programas sociales que establezca el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
XII. Las concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos.
XIII. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato:
a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; en el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico.
b) El monto.
c) El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato.
d) Los plazos de cumplimiento de los contratos.
XIV. El marco normativo aplicable a cada sujeto obligado.
XV. Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados.
XVI. En su caso, los mecanismos de participación ciudadana.
XVII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que con base a la información estadística responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.
Señala la ley en comento que la información a que se refieren estas obligaciones de transparencia deberá publicarse de forma tal que facilite su uso y comprensión por todas las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. Entonces para dar mayor veracidad a esta responsabilidad la ley remite a su artículo 61 donde refiere que las universidades públicas en el ámbito de su competencia, establecerán los reglamentos, órganos, criterios y procedimientos institucionales para promocionar de manera más eficiente el acceso a la información de los particulares.
En ese orden de ideas, la transparencia aplicada a la administración universitaria se refiere a la honestidad, a las cuentas claras y por lo que hace al ciudadano interesado en la información de la institución, una participación activa y seria, es decir, con respeto al ordenamiento legalmente establecido. Entonces, la transparencia es la mejor manera de revertir la corrupción, esto, en la medida en que se rompe con la cultura del secreto, misma que es contraria a cualquier sistema democrático, más aún, tratándose de una entidad encargada de la educación; el actuar transparente de los funcionarios promueve la participación del resto de la comunidad en el ejercicio de la función pública. Por lo tanto, la transparencia es un requisito de gestión necesario para la adecuada administración no solo de instituciones gubernamentales, sino también académicas. Una cultura de acceso a la información y rendición de cuentas solo es posible si todos los sectores de la sociedad realizan y coordinan sus esfuerzos.
La idea de transparentar se concibe como la oportunidad de conocer con detalle las acciones que realice cualquier instancia gubernamental o no gubernamental en beneficio de la sociedad.
Se considera que la forma más adecuada de mantener a la sociedad informada con mayor grado de conformidad es a través de la rendición de cuentas. En ese sentido, rendir cuentas equivale a informar, avisar, dar conocimiento de eventos y actos.
La autonomía universitaria es un derecho y una garantía institucional, de la misma forma que es una responsabilidad, sobre todo, en sociedades cada vez más caracterizadas por la revisión de la legitimidad en su actuar, como es el caso de las universidades públicas, principalmente tratándose del empleo y ejercicio de recursos humanos y económicos que componen su patrimonio.

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