La violencia cabalga por toda la nación; mientras que la seguridad pública presenta fracasos de estrategia y de política, la actitud paternalista del presidente Peña Nieto solo evidencia su falta de atención y de visión, no asume su responsabilidad, pero llama la atención a los gobernadores que no han cumplido con su parte, según lo expresó en la 52 reunión ordinaria de la Conago, donde les solicitó redoblar esfuerzos; destacando para sí la captura de capos, mientras que la criminalidad y la violencia incrementan.
El empoderamiento de la criminalidad en el país denota un vacío de poder, que es llenado por intereses y fuerzas ajenas al interés público y en contra de la sociedad, la precariedad de la mayoría de la población denota una demanda no escuchada y la indiferencia lastima a las bases sociales, levantando enconos.
La teoría económica neoliberal, sí, esa que predomina en las naciones desarrolladas y somete a las economías emergentes, como la nuestra, dice que si no hay ingreso no hay consumo, y no hay ingreso porque no hay empleo; pero el presidente Peña Nieto habla de 2 millones 700 mil empleos formales, mientras que la informalidad laboral representa 57 por ciento, que son más de 28 millones de personas, y en entidades como Oaxaca llega a 87 por ciento, situación que aniquila los preceptos de la teoría económica neoliberal. Porque aunque la población no tenga ingresos, sí consume.
A la informalidad hay que sumarle la precariedad salarial y la eliminación de los derechos laborales, porque la tasa
de condiciones críticas de ocupación, según Inegi, es de 13.1 por ciento, lo que significa el impacto negativo a casi 7 millones de trabajadores. O sea que aún con ocupaciones llamadas formales no se cumple lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo decente y salario digno.
Por lo que el vacío de poder es tanto en la falta de seguridad pública eficaz, como por la precarización de la sociedad, la cual por un lado está indefensa físicamente y, por el otro, es económicamente vulnerable, pues una gran mayoría se sitúa por debajo de la línea de la pobreza.
Una maestra le reclamó a un alumno de secundaria por qué no había entregado la tarea, a lo cual él contestó que tenía que trabajar y llevarle dinero a su mamá que estaba enferma. ¿Y de qué trabajaste?, le preguntó la maestra; en avisar a los huachicoleros cuando se acerquen los policías o los militares, por lo que le dan 5 mil pesos a la semana.
La pobreza es la explicación del apoyo de algunos sectores sociales a la criminalidad, si bien la respuesta que dan los habitantes de El Palmarito no es la apropiada, sí es una realidad; “si el gobierno roba, por qué no podemos comprar gasolina a los chupaductos”. Los malos ejemplos se replican peligrosamente.
Este es el gran riesgo nacional, la criminalidad ha crecido bajo la siniestra sombra de la corrupción y ante la creciente precariedad de las mayorías; me pregunto: ¿cuál va a ser la respuesta de las autoridades?, ¿la que ha sido hasta ahora?, ¿seguirle restando importancia a la creciente pobreza y continuar con la impunidad y la corrupción?, o ¿el endurecimiento de las intervenciones policiacas y militares?
Tal parece que la disyuntiva es represión o cambio de modelo económico y social, impulsando una nueva política laboral y de salarios, con una mayor inversión en investigación y desarrollo, mayor presupuesto a la educación tanto a la básica como a la superior y de posgrado, rediseñar el estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología, porque el que se aprobó el 28 de febrero de 2017 lleva dedicatoria de favorecer a las grandes empresas y no a las Mipymes.
Nuestra economía necesita de la amplia y profunda transferencia de tecnologías y de conocimientos entre nuestras universidades y centros de investigación hacia la estructura productiva de las más de 5 millones de Mipymes, que generan más de 70 por ciento del empleo. Pero ni el tiempo y, sobre todo, ni la voluntad política tiene el presente régimen de Peña Nieto.
La batalla de Puebla de 2017, librada entre los huachicoleros y policías y mil militares, puso en evidencia la debilidad de la seguridad pública nacional, con el riesgo de sumar a la sociedad al lado de las organizaciones criminales; no es ni el primero, ni el último enfrentamiento entre las fuerzas del orden y la criminalidad, esto se registra diariamente a nivel nacional, como en Tamaulipas, Sinaloa y Guerrero, por solo hablar de algunos estados. La debilidad de la gobernanza puede convertirse en el pasto para el fuego de la anarquía. ¿No lo cree usted?

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Artículo anteriorEdición impresa: 09 de mayo de 2017
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Responsable técnico del Observatorio Tecnológico de Hidalgo y profesor investigador de la UAEH en temas de gestión tecnológica e innovación. Imparte las materias de fundamentos de la metodología de investigación y la de creatividad e innovación empresarial.