Los riesgos

En los últimos años, el discurso del combate a la corrupción se ha vuelto el lenguaje común para muchos funcionarios, políticos, empresarios y gobiernos en turno, asumiendo que con solo manifestarse en contra de este mal social quedarán librados de toda culpa.
La persistente presión de la sociedad civil organizada ha provocado que el poder político en México permita la creación de espacios que funcionan como contrapeso ético de los funcionarios públicos corruptos. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), las leyes y reformas constitucionales recientemente aprobadas no son una concesión graciosa del poder, sino una exigencia ciudadana frente al sistema de privilegios que hasta ahora han gozado estos actores que capturan mafiosamente las instituciones públicas para obtener beneficios personales.
La clase política mexicana está comprendiendo que el hartazgo ciudadano pone en riesgo su permanencia en el poder, por lo que ahora utilizan el discurso anticorrupción como estandarte para mantener su sistema de privilegios. Esto es un problema de fondo, porque no se busca combatir, prevenir, investigar y sancionar la corrupción, sino solo hacer discurso electorero. Las palabras y las cosas no siempre son coincidentes.
La historia reciente de nuestro país es testigo de varias acciones anticorrupción que han sido ejecutadas oportunamente para capitalizar electoralmente. Hoy día han apresado a líderes sindicales, exgobernadores y empresarios, linchados mediáticamente en un show que disciplina masas y forma opinión pública para favorecer al grupo gobernante.

Rentabilidad electoral

La detención y procesamiento del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, no significa una genuina lucha contra la corrupción, sino un cálculo electoral para las elecciones de 2018. El poder político en turno requiere aminorar el riesgo electoral, por lo que ese tipo de acciones tienen la intención de acrecentar la credibilidad del grupo en el poder.
La otra variable que se está calibrando es la definición de los liderazgos que encabezarán las candidaturas a la presidencia de la República, donde varios partidos optarán por imponer candidatos que no necesariamente tengan arraigo histórico en el partido que representan, sino se privilegiará la imagen que proyecten y la lealtad a su grupo. Finalmente, esta será una decisión de la élite política que gobierna este país y controla las regiones.
El discurso del combate a la corrupción sin duda estará en el lenguaje de la agenda pública de México en los próximos meses y no será por la preocupación de los costos que representa a la ciudadanía, sino como una variable más en la estrategia electoral. En consecuencia, la sociedad debe estar atenta en la designación de todos las estructuras anticorrupción (institucionales y ciudadanas), con el fin de evitar que se nombre a personas que estén alineadas al interés individual y no público. Hay indicios de que varios congresos están aprobando leyes a modo para incidir en el nombramiento de los comités que encabezarán la lucha anticorrupción.
De ningún modo estamos en contra de establecer medidas anticorrupción por parte del gobierno en turno, sin embargo, la sociedad debe discernir el uso electoral que se le quiere dar. Al mismo tiempo, debe impulsarse la participación de ciudadanos ejemplares para encabezar la lucha contra la corrupción en este país, de no ser así, esta lucha se diluirá en los cálculos de riesgo y rentabilidad electoral de la familia política que ha gobernado siempre.
Por amor a esta tierra, por nuestra propia sobrevivencia y la de nuestros hijos, hay que acabar con la plaga de la corrupción.

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