Dos presidentes de la República han pedido perdón a las y los mexicanos. José López Portillo y Pacheco el 2 de diciembre de 1976 cuando rindió protesta en el cargo y pidió perdón a los mexicanos pobres, a los olvidados por la situación en que se encontraban; seis años después incluso lloraría de impotencia: había crecido el número de pobres y miserables, su administración no les había hecho justicia y, lo peor, el país estaba en bancarrota y los capitales golondrinos volaban hacia paraísos fiscales y dejaban la arcas vacías.
La médula del gobierno de don Pepe se nutrió de corrupción; de su gabinete salieron nuevas y robustas fortunas, su parentela y amigos se enriquecieron sin rubor alguno, aunque a prisión solo fueron unos cuantos notables, Arturo Durazo Moreno y Everardo Espino de la O, entre ellos, cuando Miguel de la Madrid Hurtado puso en marcha su slogan de campaña “La renovación moral de la sociedad”, que se quedó en buenos deseos en la lucha contra la corrupción.
Ayer, otro presidente, Enrique Peña Nieto, no ofreció disculpas, pidió perdón a los mexicanos por los agravios e indignación provocada por aquel escándalo que implicó acto de corrupción con la llamada casa blanca – residencia sita en la calle de Sierra Gorda en Lomas de Chapultepec–. Sí, fue un escándalo.
Ayer, Peña Nieto aseguró que su gobierno está más convencido y decidido a combatir la corrupción y promulgó, en un acto celebrado en Palacio Nacional, las siete leyes que integran al Sistema Nacional Anticorrupción.
“Si queremos recuperar la confianza ciudadana, todos tenemos que ser autocríticos, tenemos que mirarnos en el espejo, empezando por el propio presidente de la República”, puntualizó el mandatario en este capítulo acotado en el patio de honor de palacio.
Puntual, 34 años después de aquel intento fallido de frenar, combatir y abatir a la corrupción cuya raíz estaba y ha estado en el sector público y prohijada por el privado, los particulares, ciudadanos que cierran el círculo de la corrupción como un mal endémico que es connatural a la humanidad, Peña Nieto asumió:
“Los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos, y en esto reconozco que cometí un error.”
Pidió perdón y admitió que, no obstante que su actuación estuvo apegada a la ley, “este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno”.
Vale referir el mensaje presidencial por sus alcances y sus graves y deplorables antecedentes, por cierto en el punto de que en México “habrá un antes y un después de este sistema” y se trabajará para erradicar “los abusos de quienes no cumplen con la ley, de quienes dañan la reputación de millones de servidores públicos que se desempeñan de forma íntegra y honesta”.
En diciembre de 1982, entre los primeros actos de su gobierno, Miguel de la Madrid Hurtado decretó la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Scogef) y al frente de ésta designó a su amigo el contador público Francisco Rojas Gutiérrez, con calidad de fiscal anticorrupción. Iría tras peces gordos, tiburones corruptos; investigaría el rumbo que tomaron dineros públicos cuyo gasto no tenía sustento.
Salvo que esa dependencia transitó con el cambio de siglas, en el reinvento sexenal de la oferta de campaña, y se aplicaron venganzas contra enemigos políticos, soportadas en expedientes de sospechosa legalidad en los que se acusaban ilegalidades cometidas por el chivo expiatorio en turno.
Así llegó a la era panista en el poder y fue el mismo gatopardo y mentir con la verdad en actos justicieros que, en el pasado mediato, tuvieron a la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León a un maestro en el uso del poder del expediente judicial para cobrar venganza política.
Y la corrupción se mantuvo como sello de los mexicanos de todos los niveles sociales, aunque unos llamados de cuello blanco y los otros simples rateros.
Es deseable, entonces, que este compromiso de combatir a la corrupción en todos los niveles de gobierno, en todos los sectores y actividades de la vida nacional sea un hecho, que estas siete leyes reformadas que integran al Sistema Nacional Anticorrupción prosperen y se apliquen sin reticencias y despojadas de las brochas de la impunidad. De otra suerte, será como el perro que se persigue la cola en un círculo interminable de corrupción. Conste.

[email protected]
www.entresemana.mx
@msanchezlimon

No votes yet.
Please wait...

Comentarios